El extesorero del PP negó los cargos de corrupción, pero otro dirigente los confirmó

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Madrid - El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, en torno del que gira todo el escándalo que golpea a la formación y al Gobierno de Mariano Rajoy, negó ayer ante la Fiscalía Anticorrupción la existencia de una contabilidad paralela.

Bárcenas acudió a declarar por el caso de los presuntos sobresueldos en negro pagados durante años a miembros de la cúpula del partido, entre ellos el propio actual jefe del Gobierno. Negó ante la Fiscalía que hubiera cuentas ocultas y se sometió a una prueba caligráfica, que intentará probar si los facsímiles de un cuaderno con anotaciones de esa contabilidad irregular fueron realizadas por él.

La Fiscalía informó en un comunicado que el sospechado respondió a todas las preguntas que le planteó y que deberá volver a declarar el próximo lunes 25.

El extesorero es el supuesto autor de los manuscritos publicados hace una semana por el diario El País, que dan cuenta de una presunta contabilidad paralela en el PP entre 1990 y 2008, de donaciones ilegales de empresas y del pago de sobresueldos en negro a los líderes del partido. Varios expertos calígrafos consultados por diversos medios de comunicación españoles han asegurado en los últimos días que la letra de esos papeles es la de Bárcenas, algo que éste ha negado.

El extesorero declaró ayer en calidad de imputado durante más de dos horas y se fue sin hacer comentarios a los numerosos medios de comunicación que lo esperaban. Tanto a su llegada como a su salida fue increpado por un grupo de personas congregadas en el lugar con gritos de "¡sinvergüenza!" y "¡ladrón!", entre otros. "¿Dónde está mi sobre?", lo increpó uno de los presentes.

La Fiscalía Anticorrupción abrió el 24 de enero una investigación de oficio sobre una posible "caja B" en el partido conservador, ante las primeras informaciones periodísticas que apuntaban a ello.

El extesorero del PP anticipó el lunes por la noche, en una breve entrevista con un canal de televisión, su desconocimiento de los papeles publicados por El País y habló de "manipulación". El director del diario, Javier Moreno, entregó los papeles el martes a la Fiscalía Anticorrupción.

Antes de Bárcenas declaró ayer el exdiputado del PP Jorge Trías, quien aseguró públicamente que tiene constancia de sobres con dinero que se pagaban a algunos dirigentes de la formación. "He cumplido mi deber", dijo Trías al prestar declaración en calidad de testigo durante cerca de una hora.

Trías, que abandonó el PP hace seis meses, denunció hace dos semanas en un artículo publicado en El País el pago de sobresueldos irregulares en el PP. En ese artículo Trías se declaró "amigo" de Bárcenas.

Cuando Bárcenas fue imputado en 2009 por el "caso Gürtel", una de las mayores tramas de corrupción en la historia de España, en la que una red se enriqueció gracias a contratos amañados que adjudicaban a funcionarios regionales y municipales del PP, Trías pidió al partido entre 50.000 y 60.000 euros para llevar la defensa del extesorero, a lo que la dirección del PP se negó.

Según fuentes periodísticas, el partido baraja la hipótesis de que Trías haya sido el intermediario entre Bárcenas y El País para filtrar la presunta contabilidad irregular del partido.

Una vez que concluya su investigación, la Fiscalía Anticorrupción debe decidir si archiva el caso o si por el contrario lo judicializa, pasándoselo al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. El magistrado es quien está investigando el "caso Gürtel".

Bárcenas está imputado también en esa investigación y en el marco de ella se halló que el extesorero llegó a acumular hasta 23,5 millones de euros no declarados en Suiza.

La Justicia, por el momento, no halló conexión alguna entre el "caso Gürtel" y el de la presunta "caja B" del PP, pero no lo descarta. Asimismo, Bárcenas ha podido blanquear parte del dinero desviado gracias a la amnistía impositiva aprobada por el Gobierno de Rajoy, para lo que usó 1,5 millón de euros depositados en una de las dos cuentas que se le detectaron en Suiza.

Analistas políticos dicen que la lentitud de la Justicia en España podría beneficiar a Rajoy, ya que los tribunales tardarán años en determinar si hay delitos que puedan ser juzgados. El mandatario ha declarado su inocencia.

Sugestivamente, la presidenta del PP en Madrid, Esperanza Aguirre, considerada una rival política del jefe de Gobierno, pidió ayer cambios en el sistema judicial para acelerar los juicios.

Aguirre se mostró partidaria de darles el poder a los ciudadanos, que según dijo, les habían quitado las cúpulas de los partidos y las administraciones.

"Acabando con los corruptos con un sistema que proteja los derechos y libertades pero que sea rápido. La Justicia lenta es una justicia injusta", dijo.

Agencias DPA, ANSA y Reuters,

y Ámbito Financiero

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