El fallo de la Corte no impide reducir el déficit fiscal

"El fallo de la Corte sobre la readecuación tarifaria implica que la estrategia de reducir déficit fiscal vía recorte de subsidios llevará más tiempo del planeado. Por lo tanto aumenta la pertinencia de revisar otros componentes del gasto público. En este sentido, reformar el sistema previsional y desmantelar intervenciones nacionales superpuestas con funciones provinciales no sólo resultan prioritarias sino que, después de la intervención de la Justicia, pasan a ser urgentes", señala la consultora Idesa. A continuación, lo más relevante del informe.

•Un área ineludible de reformas es el sistema previsional. En este aspecto queda más explicito el error de no haber contemplado en la ley de reparación histórica a los jubilados cambios en la organización del sistema previsional. El reconocimiento de las deudas es justo y necesario, pero también es imprescindible corregir muchas inconsistencias e inequidades que cobijan las normas previsionales vigentes. Si bien en la ley se contempla la creación de una comisión para abordar el tema, su dinámica resulta demasiado cansina frente a la insolvencia en que se encuentra el sistema jubilatorio.

•En el resto del gasto social también hay espacios de reformas. Siguen operando una treintena de programas federales en educación, salud y desarrollo social que en el año distribuyeron $40 mil millones entre las provincias en un esquema heredado de intervenciones nacionales superpuestas con las responsabilidades provinciales. Replanteando este rol, se podrían desmantelar estructuras burocráticas inútiles que se acumularon durante décadas bajo la lógica de un Estado nacional invasivo de las funciones provinciales y municipales.

•El fallo de la Justicia en el tema tarifario no es un obstáculo insalvable para cumplir con la meta de reducir el déficit fiscal y, por esta vía, bajar la inflación y aumentar la producción. Por el contrario, es un factor adicional que alerta sobre la necesidad de avanzar de manera más veloz y decidida en la modernización del Estado para convertirlo en un instrumento eficaz de promoción del desarrollo social sustentable y equilibrado.