El FMI dio plazo hasta marzo para cambiar medición de inflación y PBI

El FMI emitió ayer un comunicado en el que explicita el nuevo cronograma que tendrá que cumplir la Argentina para que sus cifras de inflación y PBI sean creíbles. Comienza en marzo de 2014.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció que el Gobierno tiene buena voluntad en reparar sus índices de mediciones de inflación y de Producto Bruto Interno y no sancionará al país. Le dará tiempo hasta marzo próximo para que aplique antes el nuevo Índice de Inflación Nacional (IPCNu), cuya metodología ya tiene el aval del que maneja Christine Lagarde. Como el Gobierno comenzará a aplicar el indicador en febrero, la próxima reunión del "board" evitará la "moción de censura" y no le suspenderá el voto ni expulsará al país. Luego le dará un nuevo plazo, hasta septiembre de 2014 primero y febrero de 2015 después, para volver a revisar tanto el indicador de inflación como el Producto Bruto Interno (PBI) que se deriva de la aplicación del primero, para recién allí sacar definitivamente al país de la situación actual dentro del organismo.

Además, entre septiembre de 2014 y febrero de 2015 deberá aceptar que desde el organismo se le inspeccione la evolución real de sus estadísticas.

La buena noticia que trajo la reunión del directorio es, en realidad, que el organismo haya avalado la posibilidad de que el nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPCNu) que el Gobierno promete comenzar a aplicar desde enero sea un indicador serio y tenido en cuenta como válido para obtener estadística de la economía del país. El directorio tomó esta decisión al analizar que el "paper" que presentó la Argentina en octubre pasado, con la presencia del exministro de Economía Hernán Lorenzino en la cumbre del FMI de Washington, tenía el aval de la propia Lagarde y del mexicano Alejandro Werner, director para el Hemisferio Occidental. Este último ocupa ese cargo desde enero de este año y resultó fundamental en febrero pasado para que no se sancionara al país y se le diera una oportunidad. Werner luego habló personalmente con Lorenzino para que avanzara la elaboración teórica del nuevo IPCNu y prometió su firma y la de Lagarde en octubre para que en la reunión de ayer no se aplicara sin más la "moción de censura", tal como pedían representantes de la Unión Europea, Japón y Canadá. La firma de Lagarde y Werner, dándole el aval, al menos en la teoría, al IPCNu, le permitió al país tener más aire, pero no solucionar el problema.

De hecho, en un comunicado emitido luego del encuentro, el FMI retó a la Argentina por no seguir sus consejos y demandó al país la entrega de datos actualizados a fines de marzo. Esto es, para ese mes, el nuevo IPCNu debe estar aplicándose y arrojando datos más o menos certeros sobre la inflación. Pero, además, el FMI exige al país cifras más realistas y creíbles en otro indicador más importante: el de Producto Bruto Interno (PBI). La interpretación oficial que hizo ayer el Ministerio de Economía es que lo más positivo del encuentro del directorio es que no haya mencionado la posibilidad de revisar los índices de inflación hacia atrás, y controlar los datos publicados durante toda la época de Guillermo Moreno como mandamás del INDEC y la evolución de los índices de precios. El FMI había censurado a la Argentina en febrero por no haber mejorado la precisión de sus cifras de inflación y del PBI, y le había dado un plazo hasta el 29 de septiembre pasado para tomar medidas.

"Si bien se hace notar que la Argentina no ha adoptado las medidas que pidió el Fondo para atender la imprecisa provisión de cifras de inflación y PBI, el directorio ejecutivo reconoce el trabajo en curso de la Argentina y la intención de introducir una nueva medida nacional de índice de precio al consumidor a comienzos de 2014", dijo el un comunicado. Señaló, además, que la Argentina debe cumplir con un calendario estricto para mejorar sus datos, incluyendo la publicación del IPCNu y la revisión de estimaciones del PBI para fines de marzo de 2014, además de "otras acciones" para septiembre próximo y para fines de febrero de 2015. Lagarde había dicho en noviembre que la Argentina había "progresado positivamente" en la reforma de sus reportes, sugiriendo que le recomendaría al directorio no imponer nuevas sanciones. Así lo hizo, junto con Werner, pero no logró que se le levantaran sin más las sanciones potenciales que se incluyen en la "moción de censura". La primera de ellas hubiera sido el quite del voto en el directorio, donde se aprueban o se rechazan los pedidos de créditos y se avalan las inspecciones anuales de los técnicos del organismo previstas en el artículo IV de la Carta Orgánica del organismo, algo que, además, el kirchnerismo siempre prohibió.

Esta situación implica que la Argentina no puede pedir créditos al FMI, ya que la condición primaria que impone el Fondo es que se les permita a sus técnicos realizar periódicamente inspecciones a los números de la economía como paso previo para aprobar el otorgamiento de sus créditos. Hasta ahora, a la Argentina esta situación no le interesaba ni le incomodaba, ya que el Gobierno rechazaba políticamente la alternativa de volver a pedirle dinero al FMI, desde enero de 2006, cuando canceló el dinero que se le debía al FMI por unos u$s 9.530 millones. En la actualidad, la situación es diferente, y si bien nunca el Gobierno hizo pública su intención de relanzar el contacto con el organismo y sondear el otorgamiento de créditos, es una alternativa en tiempos de caídas de reservas. Si la intención del Gobierno fuera la de pedir dinero, deberá cumplir a rajatabla con los tiempos que el FMI le impuso ayer para mejorar sus estadísticas y permitir las inspecciones previstas en el artículo IV. Este último punto es necesario, asimismo, para poder negociar un eventual acuerdo con el Club de París.

La última sanción posible para la Argentina si no cumple con los tiempos impuestos ayer es la expulsión. No es una decisión simple para el organismo.

El único país que en la historia del Fondo fue expulsado fue Checoslovaquia en 1954 en plena Guerra Fría. Luego, ante una sanción directa, optaron por retirarse solos Polonia (1956) y Cuba en 1986. El único caso similar al argentino es el de Zimbabue, que desde 2003 viene esquivando la eyección del FMI al no permitir ni enviar datos sobre su economía.