El GAFI exige más cambios en lavado y antiterrorismo

Julio Alak

El GAFI volvió a la carga con los cuestionamientos a la legislación argentina contra el lavado de dinero. El problema no es nuevo; este diario adelantó, tras la votación en el país de la nueva ley de lavado y la cumbre del organismo en México (donde la Argentina quedó como país cooperante pero bajo supervisión continua) que la próxima materia a aprobar volvería a ser el castigo al financiamiento al terrorismo.

La semana pasada el GAFI volvió a reunirse en París. Allí la delegación argentina, que lidera José Sbatella, volvió a explicar los logros. Hay dos temas que fueron cuestionados: el tratamiento de la figura del encubrimiento y la posibilidad de ocultar el lavado de dinero propio.

El Gobierno tomó las sugerencias con relativa tranquilidad. La idea de Julio Alak, ministro de Justicia, es utilizar el proyecto correctivo de la ley de lavado de dinero que fue aprobado en el Senado y espera aún en Diputados, para corregir esos pedidos, junto con los errores que se introdujeron en la sanción original sobre el tratamiento a contadores, abogados y una larga lista de empresas que figuran como sujetos obligados.

Pero también aparece en el horizonte el pedido por modificar el Código Penal en cuanto al financiamiento al terrorismo. Piden que se modifique el tipo penal que sanciona a quienes aportan, desde el país o el exterior, a organizaciones locales que puedan estar comprendidas en actividades terroristas, que provoquen desorden voluntariamente o trabajen para instaurar el terror.

Ese debate se dio en el Congreso ya en 2007: el 13 de junio de ese año se reformó el Código Penal y se sancionó el encubrimiento de la financiación a organismos terroristas, pero el tipo penal quedó lejos de la definición que pretendía el GAFI.

Bajo la presión de piqueteros y organizaciones sociales, Néstor Kirchner no quiso avanzar más en el debate central de esa reforma: definir qué se entiende por asociación terrorista, por lo menos de acuerdo con los cánones que pide el GAFI.

La ley se votó por entonces y no fue suficiente, y ahora el organismo internacional no dejará pasar de noviembre la presión para que se reforme el Código Penal también para el caso del financiamiento a actividades terroristas.