El Gobierno incomoda a la CGT con tecnicismos

Tensión. El viceministro Ezequiel Sabor encabezó una reunión áspera.

El Gobierno dilató ayer el reconocimiento pleno de la nueva CGT y sumó un nuevo elemento de discordia con la dirigencia tradicional. El diferendo, expuesto en una reunión técnica en el Ministerio de Trabajo, no alcanzará para empujar a la central obrera hacia un conflicto pero agregará un ítem en la lista de pendientes que el triunvirato de jefes sostiene en todas las reuniones con funcionarios. De hecho, la controversia formará parte hoy del debate en el Consejo Directivo de la central, preparatorio de la cumbre del viernes en la que deberá resolverse un teórico plan de lucha.

Las razones del Ejecutivo para demorar la entrega de una "certificación de autoridades", una formalidad que implica el reconocimiento oficial de la nueva CGT, tienen relación con las impugnaciones presentadas por el sector que lidera el rural Gerónimo Venegas (Uatre), por un lado, y por otro, en lo esencial, con un tecnicismo: según la cartera laboral, las autoridades de la anterior CGT reconocida (la que encabezaba Antonio Caló) tienen mandato hasta fines de octubre, y por lo tanto están vigentes en sus cargos.

La discusión quedó planteada en un encuentro de apenas minutos en Trabajo con la participación del viceministro, Ezequiel Sabor, el jefe de Gabinete de esa cartera, Ernesto Leguizamón, y el director de Asociaciones Sindicales, Horacio Pitrau. La CGT estuvo representada por el equipo de abogados de todos los sectores internos: por "los gordos" de los grandes gremios de servicios estuvieron Federico West Ocampo (Sanidad) y Alberto Tomassone (Comercio); por el sector de Hugo Moyano estuvo su hijo, el abogado del mismo nombre y Brenda Escobar (Panaderos); Pablo Smurra, por Caló (metalúrgicos), Marta Pujadas, por la UOCRA de Gerardo Martínez, y Horacio Ferro por los gremios alineados con Luis Barrionuevo.

Aunque las formas fueron propias de una conversación entre abogados, el tono tuvo por momentos la dinámica áspera de los sindicalistas. A la exigencia de los laboralistas por una agilización en la certificación, los funcionarios contestaron que los tiempos estaban marcados por las impugnaciones motorizadas por el sector de Venegas. Si bien se trata de una formalidad, la falta de esa herramienta complica la gestión administrativa de la CGT y la disponibilidad de recursos económicos y financieros.

El equipo de abogados partió raudo pasados diez minutos del encuentro. Entre ellos mascullaron la sospecha de que parte de las objeciones administrativas elaboradas por el "Momo" tenían una aparente inspiración en las tesis sostenidas por los funcionarios. En otras palabras, la teoría apunta a que el Gobierno nunca quiso la unidad de la CGT y terminó por apuntalar con argumentos y asistencia técnica a Venegas y al grupo de sindicatos que lo acompañó en su disidencia.

Hoy desde las 15 los abogados llevarán el resultado de la reunión al Consejo Directivo de la CGT. Allí, además, los dirigentes repasarán el resultado de sus contactos con sectores políticos y sociales y, sobre todo, con funcionarios durante la semana pasada. De esas reuniones, como informó este diario, surgió una renovada expectativa de la central obrera que desinflará las hipótesis de conflicto inminente. El diferendo legal quedará como un elemento de discordia junto con el Impuesto a las Ganancias, del que los gremialistas esperan al menos una exención en el pago del aguinaldo de fin de año.