El Gobierno oficializó jueces y fiscales (intrigas y otras tensiones)

• CUBRE VACANTES SENSIBLES.• COMPENSACIONES Y REVANCHAS.

Rodolfo Canicoba Corral, Guillermo Marijuán y Norberto Oyarbide

 El Gobierno publicó ayer una serie de designaciones estratégicas en la Justicia federal. Se trata de uno de los últimos listados que oficializará el kirchnerismo antes del cierre de su administración. Si bien salvo casos puntuales no se cubrieron vacantes en los escalafones más elevados, detrás de gran parte de las designaciones están las claves que explican parte de la actualidad del oficialismo en su relación con los tribunales.

La designación de Emiliano Canicoba, hijo del juez Rodolfo Canicoba Corral, en la Justicia federal de San Martín se concretó luego de una larga postergación. En ese sentido, fue decisiva la confrontación del kirchnerismo con los sectores de la clandestinidad que comandaba el espía Jaime Stiuso. El propio Canicoba Corral solía sostener, así lo hizo en un encuentro en el Ministerio de Justicia en diciembre pasado, que su hijo no lograba ser nombrado juez por la enemistad que él mismo había trabado con Stiuso. El juez siempre acusó al exespía de dar a conocer escenas de su vida cotidiana que luego se habrían utilizado para perjudicarlo.

En noviembre y en diciembre, en el peor momento del Gobierno con la Justicia de Comodoro Py, Canicoba Corral no quemó los puentes y cuando Alberto Nisman denuncio a la Presidente fue uno de los primeros en descalificar el texto que acusaba al Gobierno de encubrimiento. A partir de ese punto fue uno de los negociadores más necesarios para lograr el estado actual que ni se compara con la agitación primaveral.

De hecho, es tal el protagonismo de Canicoba Corral en el fuero y su conexión con el peronismo que encabeza las encuestas que tiene garantizado un rol de interlocutor para la próxima administración, percepción que quedó afianzada hace dos semanas en un asado organizado en General Rodríguez del cual participó el ministro Ricardo Casal y dos de sus funcionarios de confianza.

Una capacidad de relacionamiento que excede las identificaciones partidarias, porque el senador Gerardo Morales fue el que le avisó al magistrado que no habría interferencias para el pliego de su hijo en el Senado por parte del radicalismo.

Las designaciones ofrecen otras variantes atractivas, como el nombramiento de Santiago Marquevich como fiscal en Rosario. Se trata del sobrino del exjuez Roberto Marquevich, que firmó la orden de detención contra la empresaria Ernestina Herrera de Noble en una causa por supuesta falsedad en la documentación de sus hijos. Marquevich fue destituido por el Consejo de la Magistratura en junio de 2002. Obviamente, todavía la guerra del kirchnerismo con Clarín no había comenzado, ni siquiera estaba en planes. Por el contrario, el idilio inicial estaba en marcha.

En materia de fiscales, el kirchnerismo promovió para el fuero federal a Franco Picardi, que fue funcionario en el Ministerio de Justicia, y a Paloma Ochoa. Si bien a ambos se los identifica con el kirchnerismo, el primero ya trabajó en Comodoro Py y mantiene un estilo moderado, muy distinto del de Ochoa, cuya militancia la ha llevado a algún exabrupto que ya se conoce, y se repite con cierta sorna, en las tertulias del quinto piso que anima Guillermo Marijuán. Este último, por si todavía hiciera falta aclararlo, ya se ha despedido de la idea de que Sergio Massa lo nombre procurador general.

Las designaciones encierran otras cuestiones más arquitectónicas, como el hecho de que se promulgaron nombramientos en fiscalías que todavía no existen. O ciertas variables atípicas, como la nominación como conjuez del actual juez subrogante Juan Pablo Salas, que subroga en primera instancia desde hace casi una década. El envío de su nombre al Senado le da otro tipo de aval.

Cuestiones que son muy actuales, porque la creación de fiscalías y la modalidad de los conjueces son temas presentes en los proyectos de reforma que el kirchnerismo busca debatir en el Congreso.

También hay espacio para cuestiones más coloridas, como que Josefina Minatta, que el año pasado escrachó a Domingo Cavallo en la UCA, ahora será fiscal en Concordia. Durante su paso por la Unidad de Información Financiera acompañó todas las medidas de Norberto Oyarbide en la investigación de la trama Schoklender. El mismo expediente que luego fue fulminado por las críticas de la Cámara Federal y que ya casi no existe.