El lado oscuro del derrumbe exportador

En un escenario de recesión global, el volumen de comercio mundial se contraerá significativamente y los precios de los commodities disminuirán en forma importante, alineándose con sus valores históricos. Esto, junto con los efectos de la sequía sobre la producción agropecuaria, determinará una fuerte caída de las exportaciones, del 30% en 2009 (al pasar de u$s 70.589 millones a u$s 49.554 millones). Aun cuando el impacto de la sequía sea transitorio, las ventas externas no sólo mostrarán una marcada caída a partir de 2009, sino que tenderán hacia niveles menores y «más duraderos» en torno a los u$s 53/55.000 millones.
El menor nivel de exportaciones tendrá dos efectos importantes. Por un lado, provocará una contracción de la demanda agregada (6,8% del PBI) que, por su magnitud, tendrá un importante impacto deflacionario sobre la economía local. Por el otro, reducirá la oferta de divisas, generando un faltante de dólares de u$s 21.305 millones en el mercado de cambios respecto de 2008, provocando una presión alcista importante sobre el tipo de cambio nominal.
Si en esta coyuntura el Gobierno no interviniera, la presión deflacionaria, junto con la presión alcista sobre el tipo de cambio nominal, daría lugar a una suba del tipo de cambio real (TCR). En este caso, como el efecto de una devaluación sobre las importaciones es bajo, el incremento del TCR requerido para restablecer el equilibrio del mercado cambiario no sería inferior al 50% y significaría un riesgo elevado de que se detone una espiral dólar-precios-salarios. De no producirse dicha espiral, la mayor competitividad cambiaria encarecería las importaciones respecto de los bienes producidos localmente. Esto haría que una porción mayor del ingreso disponible se vuelque a bienes fabricados en el país evitando una caída mayor de la demanda de empleo. A su vez, el aumento del tipo de cambio real desalentaría la demanda de divisas «financieras», permitiendo cerrar el desequilibrio en el mercado cambiario sin perdida de reservas del BCRA. Sin embargo, tal como lo comentamos, un salto del dólar significaría un riesgo elevado de inestabilidad macroeconómica difícil de asumir en un año electoral.
En este marco, la decisión del Gobierno de convalidar un suave deslizamiento cambiario tendrá implicancias importantes para la dinámica macroeconómica. Si la actual administración continuara convalidando una tasa de devaluación del 2,4% mensual y los precios aumentaran un 14% en el año (por ajustes de precios regulados), el tipo de cambio real mostrará una suba del 14,4% a fin de 2009. Con este ritmo de devaluación, las importaciones no se encarecerán de manera significativa respecto de los bienes producidos localmente. Esto diluirá el efecto sustitución vía precio (devaluación) entre bienes producidos localmente y los producidos en el exterior. Por ende, el efecto contractivo de una caída de las exportaciones será mayor y se logrará amortiguar menos la retracción de la demanda de empleo doméstico.
A su vez, tampoco cabría esperar una reducción significativa de la demanda de divisas «financieras» dado que las expectativas de devaluación no cederán. Si durante el ciclo virtuoso de crecimiento económico 2003-2007 subsistía una demanda persistente de dólares del público, es claro que dicha demanda será aún mayor en un contexto electoral y de mayor riesgo macroeconómico.
De este modo, si el Gobierno apunta a preservar simultáneamente la estabilidad financiera (con una devaluación administrada) y el nivel de empleo, la estrategia de política económica elegida lo llevará a sobreexigir al resto de los instrumentos de política económica. La necesidad de compensar la inexistencia del efecto sustitución de una devaluación lo empujará a impulsar:
Una política fiscal de mayor expansión del gasto público para estimular la demanda doméstica y preservar el nivel de empleo.
Una política comercial más proteccionista, con el objetivo de minimizar la destrucción de empresas y puestos de trabajo.
Una política de canjes de deuda más agresiva para ganar grados de libertad con la política fiscal de expansión del gasto público.
Una política cambiaria con mayores controles de cambios para minimizar la salida de capitales y ganar algún espacio para políticas monetarias activas.
Las consecuencias no deseadas de profundizar en este mix de políticas serán las siguientes:
Riesgos de solvencia e iliquidez fiscal, derivados de: (I) un deterioro de la posición fiscal del Gobierno nacional mayor que el que hubiera sido necesario dado que el gasto público deberá crecer más para compensar la ausencia de los efectos favorables de una devaluación sobre el nivel de empleo; y (II) un aumento de la carga financiera por convalidar canjes de deuda con rendimientos elevados en dólares (del 25%/60%).
Riesgos externos, asociados a: (I) un deterioro del superávit externo por el menor efecto sustitución de una devaluación acotada; y (II) un incremento del nivel de conflictividad con nuestros principales socios comerciales que podría derivar en represalias comerciales.
Riesgos financieros, por una mayor inestabilidad de la demanda de dinero producto de una demanda de divisas elevada y persistente.
Naturalmente, si la contracción esperada de las exportaciones para 2009 fuera transitoria, es probable que el deterioro de los fundamentals macroeconómicos asociados a la estrategia fiscal y cambiaria del Gobierno también lo sea, con lo cual la economía doméstica podría retomar su sendero de expansión de manera más o menos manejable.
Sin embargo, si tal como parece, la contracción de las exportaciones tiene un componente permanente importante, la estrategia fiscal y cambiaria elegida por el momento por el Gobierno irá generando un deterioro de los fundamentals macroeconómicos. Esto irá desplazando a la economía hacia un equilibrio más precario e inestable, haciéndole más difícil al Gobierno sostener la política económica actual.