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El lastre social, una deuda que no resuelve el boom de China
Un niño tapa la boca de su madre en la céntrica plaza Tiananmen de Pekín.
«Apenas podemos comer, mucho menos arreglar la casa», dijo Yang. «Ganamos un yuan, gastamos un yuan».
Mientras Pekín se prepara para la transición de poder que realiza cada década el congreso del Partido Comunista, que comenzó el jueves en esta ciudad, el mundo exterior asiste a un crecimiento inexorable de su poder económico: China es ahora la mayor exportadora del mundo, la segunda economía más grande, y controla unos 3,2 billones de dólares en reservas de divisas extranjeras.
Sin embargo, la desconexión entre esos números y las vidas de familias como los Yang se encuentra en el centro de los problemas más desconcertantes para los nuevos líderes: cómo sostener el crecimiento económico, combatir la corrupción, reducir la brecha de riqueza y preservar la legitimidad del partido ante las crecientes quejas provocadas por décadas de Gobierno con puño de hierro.
La mayoría de los economistas coinciden en que las reformas serán vitales para evitar el estancamiento y problemas socioeconómicos mayores. Lo que no está claro es cuán agresivos serán los nuevos líderes con las políticas.
Yang Hechun admite que la vida de su familia ha mejorado en la última década, pero sus problemas cotidianos tienen eco en pueblos, ciudades, campos y fábricas de todo el país.
El 13% de los 1.300 millones de chinos sigue viviendo con menos de 1,25 dólar al día, según el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, y Ghizhou tiene los ingresos per cápita más bajos del país.
En los últimos cinco años, Pekín apartó 415.000 millones de yuanes para financiar pensiones mínimas para los más necesitados, mientras que la cobertura de la seguridad social, que incluye un seguro básico de salud, se amplió para cubrir a casi el 95% de los hogares, y también se extendieron los cupos gratuitos para escuela primaria.
Sin embargo, la buena voluntad de esas medidas sufrió por las profundas sospechas de corrupción. Cerca de medio millón de empleados estatales locales fueron castigados en los últimos cinco años por sobornos y otras «violaciones de disciplina».
En toda China, la percepción de la corrupción rampante aumenta las demandas de la gente de pedir responsabilidades a las autoridades, que el partido a menudo ignora.
Shen Zhiyun es un exgranjero enfermo que vive en la localidad de Guole, cerca de los Yang. Las autoridades
dijeron a los vecinos del pueblo que en la zona se inundarán cientos de hectáreas de terreno agrícola para formar una reserva que sirva a una nueva área industrial en la región.
Pese a la amenaza que esto supone para el medio de vida de los locales, la administración del distrito nunca consultó a los vecinos, y pronto construirá una represa.
«Nos oponemos, pero tampoco podemos oponernos. Así son las cosas en China», dijo Shen. «Se comen a la gente y ni siquiera escupen los huesos. Esos funcionarios tienen colmillos de lobo», agregó.
Esa sensación de impotencia es extendida, y algunos analistas creen que supone una amenaza para la apreciada estabilidad del partido. Tan enorme como la disparidad de ingresos entre ricos y pobres.
«El desafío principal no es la desigualdad de ingresos, es la desigualdad de poder, y es mucho más difícil de manejar», dijo Martin Whyte, un sociólogo de la Universidad de Harvard y autor de un libro sobre China y sus disparidades.
Incluso en las zonas más prósperas de China, las presiones sobre el Gobierno no son menos implacables. Hace dos años, en la ciudad industrial de Xiaolan, en el delta del río Perla -la fábrica de China para el mundo-, los trabajadores de un fabricante de piezas para el coche Honda Lock se declararon en huelga, cansados de sus bajos salarios y su duro trabajo.
Su acción -un caso raro en una multinacional china- se propagó rápidamente por las redes sociales, inspiró a otros trabajadores de fábricas de todo el país y obligó a muchas compañías y autoridades locales a responder elevando los salarios mínimos y beneficios.
En Honda Lock, el salario se ha incrementado un 30% desde 2010, incluido el aumento de las ayudas de vivienda y transporte.
Lin Wenwu es uno de los trabajadores que se beneficiaron de la huelga. Ahora gana unos 560 dólares al mes. Una nueva computadora entró en el departamento de una habitación que alquilan él y su esposa, en el que también hay una motocicleta negra recién comprada.
Aun así, Lin no está satisfecho. Es uno más del ejército de trabajadores inmigrantes de China -una fuerza de 150 millones de personas- que en su mayoría siguen siendo ciudadanos de segunda clase, a los que se les niegan los beneficios sociales que perciben los habitantes de las ciudades a través de un sistema de registro de familias (o «hukou»), una política obsoleta de la era de Mao que originariamente intentaba controlar el éxodo rural.
El sistema significa que los dos hijos de Lin no pueden tener educación gratuita en Xiaolan, por lo que los deja en su provincia natal de Guango, donde son atendidos por familiares. El los ve aproximadamente tres veces al año durante varias semanas. «Los extraño», dijo. «Esperamos que después del congreso del partido los líderes harán más para mejorar las condiciones de vida de la gente como nosotros», agregó.
Agencia Reuters


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