El legado de los excesos en las elecciones de 2007

La evidencia empírica muestra que en América Latina el superávit fiscal se deteriora en promedio casi un punto del PBI en años de elecciones presidenciales, para recuperarse al año siguiente. Aunque en países desarrollados, agrupados en la OCDE, hay un patrón similar, los efectos son mucho menores.

Estos efectos electorales en América Latina son significativos, pero por su reducida magnitud en términos del PBI, los impactos podrían ser relativamente menores. En ese sentido, la experiencia argentina en las elecciones presidenciales de 2007 no es nada excepcional y sigue el patrón regional: el superávit fiscal (después de intereses) cayó del 1,8% en 2006 al 1,1% en 2007, recuperándose al año siguiente. Sin embargo, si se mira el aumento del gasto primario del Gobierno nacional, se aceleró extraordinariamente: durante 2007, creció un 44% respecto del año anterior, llegando a subir a un ritmo anual de más del 50% poco antes de las elecciones.

Este aumento tan desbocado del gasto nominal disparó la inflación, por la presión sobre los bienes no transables. La primera reacción del Gobierno nacional fue intervenir el INDEC y empezar a falsear las cifras oficiales de inflación. No fue posible recomponer la situación previa después de las elecciones, ya que el primer ajuste que se intentó, un aumento de los impuestos a través de la Resolución 125, se estrelló contra la movilización del campo y el rechazo del Senado de la Nación. El Gobierno nacional optó luego por la confiscación de los fondos de jubilación de los trabajadores, junto con el cómputo como ingresos fiscales genuinos de los aportes de los trabajadores para su futura jubilación. Como se desaceleró la actividad económica, por la crisis económica internacional y las trabas a la producción del Gobierno, la situación fiscal comenzó a deteriorarse rápidamente hacia fines de 2008.

En consecuencia, se puso en marcha otra forma de ajuste fiscal, clásica en la Argentina y en América Latina: cuando no se pueden aumentar los impuestos ni recortar los gastos nominales, se aumenta la tasa de devaluación para licuar el gasto en términos reales. Aunque habría margen para reducir los enormes gastos discrecionales en subsidios y otras transferencias al sector privado, el Gobierno ha empezado a acelerar la tasa de devaluación, que está ahora en un 25% anual. Algunos economistas, como Curia, piden que la devaluación se acelere aún más para conservar la competitividad del «modelo productivo».

En los países desarrollados, los mayores frenos y contrapesos impiden que los gobiernos puedan aumentar los gastos a su capricho antes de las elecciones, moderando así los ciclos fiscales. En la Argentina, desde las elecciones legislativas de 2003 contamos con Gobierno unificado, ya que el PJ controla al Ejecutivo y Legislativo, por lo que no ha existido ningún tipo de contrapeso institucional que pueda moderar las acciones del Poder Ejecutivo. Las ambiciones electorales del Gobierno han llevado a desestabilizar la economía argentina, trastocando, a la corta y a la larga, a toda la sociedad.