El oficialismo busca cubrir más vacantes judiciales antes del 10-D

Ricardo Lorenzetti, Luis Cabral y Ángela Ledesma

 El Consejo de la Magistratura dará apertura a una nueva serie de concursos para cubrir vacantes en todo el país. Entre las dependencias destacadas aparece la Cámara Federal de Bahía Blanca (el kirchnerismo libra una pelea política contra esta instancia), la Justicia del Trabajo, la primera instancia del fuero de la Seguridad Social (terreno de conflicto para la ANSES) y la nueva Justicia del Consumidor. El oficialismo que actualmente controla el cuerpo colegiado confía en negociar y lograr consensos para aprobar ternas aunque lo más probable es que en determinados espacios, mientras se desarrollan los concursos, este bloque apele a la nueva ley de subrogancias.

La aparición de estos concursos le sirve a oficialistas y opositores. Los primeros tienen posibilidad de impulsar nuevas designaciones antes del final de la administración actual y los segundos de revertir la imagen de que infieren en el funcionamiento del organismo. Esto último quedó cristalizado en los últimos plenarios cuando el juez Luis Cabral llegó a votar contra dictámenes que en instancia de comisión él mismo había suscrito.

En la Magistratura se ha instalado con fuerza la percepción de que ningún concurso de alto hándicap podrá ser aprobado. Faltan dos de los nueve votos necesarios y recientemente la abogada Adriana Donato dio a entender que discutirá sobre esas cuestiones recién después de diciembre. El oficialismo ve detrás de esa obstinación a Mauricio Macri. Los cuatro concursos más decisivos son la Cámara de Casación Penal federal, la Cámara Federal que supervisa los juzgados de Comodoro Py, la Cámara Civil y Comercial Federal y los juzgados de primera instancia de este fuero, estos dos últimos lugares de extrema sensibilidad para el entorno empresarial.

Esta situación lleva al oficialismo a un dilema interno entre dejar el Gobierno sin cubrir esos cargos o utilizar la ley de subrogancias y cubrir las vacantes como sucedió en la Casación donde, por cierto, ya hay un amparo contra la designación del conjuez Claudio Vázquez. Ese fallo encierra un mensaje subliminal: si el Gobierno usa en forma indiscriminada la nueva ley, crecerá fuerte la presión de las instancias inferiores sobre la Corte Suprema para que la declare inconstitucional. Algo que no conviene en plena temporada electoral. Ahora, de no haber segunda vuelta, el mes y medio final de la actual administración promete estruendos.

Es tal la imposibilidad de avanzar en el concurso de la Casación que recién mañana el plenario de la Magistratura discutirá sobre ese límite que dice que un juez que ha ganado un concurso debe esperar tres años para postularse a uno nuevo.

La nueva ley de subrogancias borra esa limitación. Pero aun así los consejeros le dedicarán unas palabras, sólo por si acaso. Es notable: en lugar de haber discutido ese detalle al principio se delibera cuando ya se hicieron los exámenes escritos y las entrevistas presenciales. Postales mínimas pero que sirven para entender el estado actual de un poder de Estado.

En paralelo a estos avatares, el kirchnerismo se ha empeñado en los últimos días en avanzar contra el juez de Quilmes Luis Armella, señalado por la Auditoría General de la Nación por supuestas irregularidades en la causa del saneamiento del Riachuelo. Un tema espeso para la Ricardo Lorenzetti y para el fuero federal en general. La secretaria de Armella es la hermana del excamarista Gabriel Cavallo (hoy un abogado requerido por políticos y hombres de negocios) y la primera esposa del juez Ariel Lijo. Por eso no debería sorprender que desde el entorno de dos aspirantes a la presidencia ya se contactaron a la Magistratura para conocer el detalle de la embestida contra Armella.

Desde esta semana el máximo tribunal estará en condiciones, por un planteo del fiscal Raúl Pleé, de revisar la ley de subrogancias. El epicentro de la polémica por esa norma está en la Casación. La designación de Vázquez fue entendida como ilegal, pero éste no ha abandonado su despacho. Así se lo habría recomendado la titular de la Cámara Ana María Figueroa. Pero al mismo tiempo Vázquez tampoco estaría para firmar expedientes. En la Casación se van acumulando cuestiones: el destino de Claudio Bonadío en el caso Hotesur, el memorando con Irán, la revisión de la sentencia del juicio de los supuestos sobornos en el Senado. Anoche se conoció que la camarista Ángela Ledesma recién se reincorporará de una larga licencia en 30 días. La esperaban para ayer.

La parálisis de los asuntos más taquilleros del máximo tribunal penal es un reflejo de la Magistratura así como también de la propia Corte que con cuatro miembros y una vacante inconclusa se encuentra en una situación donde los consensos son complejos y vulnerabilidad mayor frente a los embates de la política. En tanto, el destino es incierto, especialmente por la integración cortesana. Recientemente Juan Carlos Maqueda contó en el cuarto piso la conversación con un emisario ineludible del peronismo que ya desde el primer minuto le habló de ampliar la Corte. Una imagen que se repite y que promete emociones, antes o después de diciembre.