El oficialismo lanza guerra judicial y activa las causas por lavado

Carlos Gonella y Carlos Zannini

El escándalo que protagonizan directivos de la FIFA, denunciado ayer por fiscales de Estados Unidos, obnubila por estas horas a funcionarios del kirchnerismo duro, que analizan escenarios a partir de los cuales capitalizar como oportunidad una crisis que pone en jaque a la dirigencia del fútbol global.

En la Procuración General se desarrollaron múltiples contactos para tratar la conveniencia de impulsar, desde la fiscalía antilavado de Carlos Gonella (alfil de Carlos Zannini), una presentación de oficio contra los empresarios argentinos involucrados en la trama. Se trata del gerente general del canal Torneos y Competencias Alejandro Burzaco y de los productores Hugo y Mariano Jinkis, todos vinculados con la AFA mediante la transmisión de competiciones. Burzaco era ayer anotado como un objetivo primordial por su relación con el Grupo Clarín. Con este panorama, la procuradora general de Estados Unidos es quien termina dándole letra al oficialismo para revivir su contienda con Clarín, pero no ya desde la Justicia en lo Civil y Comercial Federal o en los tribunales en lo Contencioso sino en el fuero penal.

Ayer a última hora, la Cancillería ya contaba con las circulares rojas de Interpol que permitirán efectuar las órdenes de averiguación de paradero y detención de Burzaco.

En las próximas horas, en la Unidad de Información Financiera (UIF) se rastrearán, si es que existen, los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que puedan involucrar a Burzaco o a sus allegados de distintos entornos. En la oficina de José Sbatella el tema no es nuevo. Antes de que el caso estallara en Estados Unidos, Sergio Berni había iniciado averiguaciones discretas. De ahí sus declaraciones de las últimas semanas respecto de la conducción de la AFA y la necesidad de una intervención en dicho organismo.

En la última visita de funcionarios del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), necesaria para retirar al país de la nómina de seguimiento permanente por parte del organismo antilavado, el fútbol era señalado, en diversos papers, como un ámbito bajo investigación. El organizador de esa gira, que tuvo su episodio final con una visita al despacho presidencial, fue el actual número dos de la SIDE, Juan Martín Mena, en ese entonces subsecretario de Política Criminal.

Además de los ROS, el Gobierno está interesado en la jurisprudencia de la Corte Suprema que dice que los negocios desarrollados a partir de actividades delictivas deben pagar un tributo especial ante el fisco. Además, la responsabilidad de esas actividades llega hasta consecuencias remotas: por eso anoche, en algunos de los principales estudios empresariales, estudiaban entablar demandas contra la FIFA especialmente a nombre de aquellas empresas que resultaron perdedoras en las licitaciones de los distintos rubros que requiere un Mundial de Fútbol. Especialmente en materia de derechos de radio y televisión de los partidos.

De este modo, más allá de las causas por supuesto lavado de activos, el oficialismo querría introducir las cuestiones tributarias, que además, en el segundo semestre, podrían adquirir una nueva aceleración a partir de la fusión de los fueros penal tributario y penal económico: habrá doce jueces de primera instancia dedicados a causas en las cuales la AFIP está en condiciones de litigar.

Para el kirchnerismo, Burzaco es un adversario de interés por su vinculación con el macrismo vía Daniel Angelici, que además de presidir Boca opera como gerente judicial del alcalde porteño, y el hecho de que una empresa de su propiedad gerencia el museo del club.

Para tener en cuenta: en las últimas dos semanas el kirchnerismo organizó dos reuniones, mediante la gestión del dirigente Oscar Amor Ameal, en las cuales se habló durante largo rato de Burzaco. En el segundo de estos encuentros la embestida contra ese empresario corrió por cuenta del exzaguero de Boca, enemistado con Angelici, Jorge Bermúdez. Allí se cuestionó duramente el acto mediante el cual Burzaco recibió el gerenciamiento del museo boquense.

La otra pelea política que abre el escándalo es por el destino de la AFA, una carrera que aun en el fragor de las presidenciales el oficialismo no descuida y en la cual queda en posición incómoda Luis Segura, del sector más referenciado con Julio Grondona. Ante la duda, ayer Segura volvía a solicitar los teléfonos del abogado Alfredo Lijo, hermano de uno de los jueces más determinantes del fuero federal.