Pekín - Con mano dura y un gran despliegue policial, el régimen chino buscaba estabilizar la situación en la región de Xinjiang, en el extremo oeste del país, donde algunos representantes amenazaron con duras «medidas de castigo» e incluso la pena de muerte a los que provocaron los disturbios.
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Las figuras claves de los disturbios, que empezaron el domingo y por el que murieron 156 personas -según datos oficiales-, podrían ser «condenadas a la pena de muerte», aseveró Li Zhi, el secretario del Partido Comunista de China en Urumqi, la capital de Xinjiang. Sus palabras coincidieron con las del ministro de Estado para Seguridad Pública, Meng Jiangzhu, quien anunció «medidas de castigo y de reeducación».
Estos anuncios se produjeron poco después de que el presidente de China, Hu Jintao, aterrizara en Pekín tras abandonar forzosamente la cumbre del G-8 que se desarrolla en Italia.
Las autoridades intentan demostrar en el interior y a las potencias extranjeras que tienen bajo control los sangrientos enfrentamientos que, además de las más de 156 víctimas mortales, causaron un millar de heridos y unos 1.400 arrestos.
El alcalde de Urumqi, en una aparición ante los medios de comunicación, aseguró que «las autoridades tienen controlada la situación» gracias al trabajo de la dirección regional del PCCh y del Gobierno de Xinjiang. El despliegue policial, parapolicial y militar no cuenta con precedentes en la zona. Tras el primer toque de queda, la ciudad amaneció abarrotada de 20.000 efectivos. Sin embargo, la presencia de las fuerzas de seguridad no impidió que los choques étnicos salpiquen y se extiendan a otros barrios de Urumqi.
Desde los helicópteros también se distribuyeron panfletos con llamamientos a la calma y pidiendo a los chinos han -mayoría en el país-, que se habían lanzado a las calles a la caza de los musulmanes uigures -de lengua turca y religión musulmana-, que regresaran a sus hogares.
Una profesora uigur de una escuela primaria de Urumqi afirmó que bandas de formadas por miembros de la etnia han habían irrumpido en varias escuelas uigures, incluido la de ella. «Golpeaban a cualquiera que vieran en las calles si eran uigures», relató la docente.
Los vecinos aseguran que la zona fue atacada por entre 200 y 2.000 chinos han, y murieron por lo menos cuatro uigures, un dato imposible de contrastar.
«Oí que murió gente cerca de la calle Nanlangpuo, pero no sé cuántos», dijo un uigur. «Teníamos tanto miedo que nos refugiamos en casa. Golpearon a la gente, rodearon a una mujer, eran cientos, la asediaron y persiguieron hasta las afueras del barrio».
Otro vecino aseguró que vio cómo un centenar de chinos apuñalaban a una anciana uigur en la calle: «Nunca tuvimos conflictos entre chinos han y uigures, todo esto es culpa del Partido Comunista».
Sin embargo, la mayoría de uigures afirma desconocer qué sucedió el domingo, cuando, según el régimen, uigures violentos atacaron de forma «cruel e inhumana» a chinos han, produciendo una masacre. Los uigures independentistas en el exilio aseguran, por su parte, que fue la intervención militar la que provocó la matanza.
En medio de esta guerra de rumores y propaganda, los pasajeros uigures que llegaban al aeropuerto de Urumqi eran retenidos al aterrizar, al tiempo que la agencia de noticias Xinhua informó que el temor a una represión está haciendo que muchos han abandonen Xinjiang.
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