El peligro de una caja de Pandora presupuestaria

Por la tarde, la banda de Gendarmería se plegó también a la protesta. A última hora seguian tocando en las escalinatas del Edificio Centinela.

A propósito o no, el conflicto salarial con la Prefectura y Gendarmería puede haber desatado una crisis presupuestaria grave para el Gobierno nacional. El Ejecutivo tiene tres semanas para resolver si blanquea e incorpora al sueldo el monto no remunerativo de los salarios en conflicto, o si mantiene los montos que no integran el sueldo básico en el mismo estatus. Esta última situación es la única que ahora aceptan los agentes de las fuerzas de seguridad, luego de haber decidido la jefatura de Gabinete volver a pagar el monto descontado de los salarios en conflicto. Según las fuerzas en huelga y movilización, sólo discutiendo un plan para incorporar el dinero «no remunerativo» se levanta la protesta.

El tema es más que peligroso, fiscalmente hablando. Si efectivamente se les reconociera a los gendarmes y prefectos sus derechos laborales y salariales, y se blanqueara el monto que no realiza aportes, el Estado nacional debería aumentar al mismo ritmo el pago destinado a la previsión social, las contribuciones patronales y, si se formara, a los sindicatos de las fuerzas de seguridad. El dinero, que aún no está totalmente calculado pero podría superar los $ 5.000 millones, no sólo no está presupuestado para este año; sino que además no figura en ninguna partida del proyecto que ya está en el Congreso y que debería ser aprobado por el Legislativo en no menos de un mes. Las pautas salariales del Ministerio de Defensa están calculadas con el mismo criterio de los últimos años, lo que implica que las fórmulas para pagar los sueldos de los gendarmes y prefectos deberían calcularse con el mismo método que hasta el mes pasado. El problema sería si se modifica en estas tres semanas de negociación que propone el Gobierno el mecanismo de cálculo y se incorporaran los aportes no remunerativos al salario. Cada peso que se sume tendrá que liquidar luego entre un 30% y un 35% para liquidaciones de seguridad social y contribuciones patronales, dinero que directamente tendrá que pagar el Estado al ser el empleador de los agentes de las fuerzas de seguridad.

En esta situación está el 79% de los sueldos de los gendarmes y un 60% de los prefectos, porcentaje que se liquida en salarios llamados en la jerga de ambas fuerzas como «judicializados». Esto es, con parte de los salarios acordados a partir de las consecuencias de los fallos del Poder Judicial sobre los jubilados de la fuerza.

Hay un peligro peor. Gendarmería y Prefectura no son las únicas dependencias de empleados públicos con liquidaciones con un alto nivel de pagos «no remunerativos», que ante un eventual blanqueo de los agentes de seguridad, podrían hacer cola de reclamos para pedir un tratamiento similar. En la lista se incluyen desde diplomáticos, agentes en organismos internacionales, hasta docentes, personal de maestranza, estudiantes contratados y pasantes.

Quién sin quererlo, los gendarmes y prefectos hayan abierto una caja de Pandora laboral con un daño potencial imposible de prever para las arcas públicas; cuando además hay un proyecto de presupuesto en debate en el Congreso.