La reunión en el Palau de Pedralbes de Barcelona terminó al cierre de esta edición, y estaba pautado que el presidente de la Generalitat comparezca hoy a las 10 hora local.
La decisión no fue bien recibida por los grupos políticos pro consulta, que abogan por seguir adelante con el proceso soberanista pactado y no admiten "sustitutos" del referendo de autodeterminación. El Gobierno regional había consensuado con los republicanos independentistas de ERC, los ecosocialistas de ICV y la pequeña CUP la fecha y las dos preguntas del referendo: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado?" y "¿Quiere que este Estado sea independiente?"
Desde ERC, socios de Mas en el Parlamento catalán, pidieron ayer al Parlamento regional que "haga una declaración de independencia inmediata" y abra "un proceso constituyente" si se descarta la consulta. En un comunicado de cuatro puntos, ERC valoró la reunión, pero lamentó que "el Gobierno español haya puesto todo tipo de trabas para impedir que los catalanes podamos votar el 9-N" y, acto seguido, señaló: "El Gobierno catalán renuncia a ésta y nos impone un nuevo escenario que en ningún caso hemos pactado: un proceso participativo". En un tono más conciliador, ERC asegura que "aun así ayudaremos al Govern porque debemos aprovechar todas y cada una de las oportunidades para demostrar el carácter y la actitud del Gobierno español".
Pero finaliza su comunicado: "En ningún caso este proceso participativo sustituye la consulta. Por ello, ante la imposibilidad de hacerla por la oposición del Gobierno español y la renuncia del Gobierno catalán, advertimos que sólo hay un camino: un Parlament que haga una Declaración de Independencia inmediata y la apertura de un proceso constituyente" .
Por su parte, los representantes de ICV abogaron por organizar en esa fecha una movilización coordinada en la región y la pequeña CUP convocó anoche una asamblea informativa. Según avanzaron medios españoles, la propuesta de Mas estaría basada en los procesos de participación ciudadana que recoge la ley de consultas catalana, aprobada recientemente por el Parlamento regional para dar amparo legal a la consulta soberanista.
El Gobierno de Mariano Rajoy impugnó ante el Constitucional esta normativa, pero no en su totalidad, lo que podría dejar un resquicio legal a Mas para plantear una alternativa a la votación del 9 de noviembre. La suspensión del alto tribunal bloqueó el proceso soberanista del Gobierno catalán, que tuvo que cancelar "temporalmente" la campaña institucional dirigida a impulsar la consulta y no pudo dar los pasos necesarios para organizar la votación en los plazos marcados.
Desde entonces, Mas negocia una salida con los partidos pro consulta, que le piden que siga adelante con el plan, a pesar de que el presidente del Gobierno catalán siempre sostuvo que no celebraría la votación sin garantías democráticas. Cataluña tiene 7,5 millones de habitantes y es una de las regiones más importantes económicamente de España. El independentismo ganó visibilidad en los últimos años con grandes movilizaciones convocadas en la región, aunque una parte de la población está en contra de la secesión.
El líder del grupo Iniciativa per Catalunya Verds-Esquera Unida i Alternativa (ICV-EUiA) en el Parlament, Joan Herrera, fue el primero en salir del Palacio de Pedralbes. Herrera explicó que su partido propuso que el 9 de noviembre haya una movilización coordinada en todo el territorio que sea "cuantificable" no sólo por la cantidad de personas que se manifieste.
| Agencias EFE, AFP, Reuters, ANSA y DPA, y Ámbito Financiero |
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