El Presupuesto y la Corte: poda, austeridad y fricciones

Ricardo Lorenzetti y María Servini de Cubría

Con diferente volumen, pero idéntica intencionalidad, el Gobierno le envió ayer dos señalares directas a la Corte Suprema que contribuyen a la tensión actual. Primero llegaron las quejas matutinas por un nuevo fallo contra la AFIP firmado en el acuerdo del martes, y por la tarde el Congreso votó el proyecto de Presupuesto que contempla alrededor de 5.000 millones de pesos menos para el Poder Judicial para el año que viene. Un clima de hostilidades crecientes que podría ir en aumento cuando asuman, a mediados de noviembre, los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura.

El Presupuesto aprobado establece 12.849 millones de pesos para el Poder Judicial. Para 2015, la Magistratura solicitó 13.199 millones, mientras que la Corte había pedido 3.950 millones de pesos, o sea, un incremento del 42% de su gasto. En este caso, la aritmética ofrece un gesto contundente que ayer motivaba respuestas similares en el cuarto piso de la calle Talcahuano.

La política de austeridad que Ricardo Lorenzetti diseñó para este año, con el aval de todos los ministros, se prorrogará, ya se conoce, por lo menos, durante un año más. El máximo tribunal mantiene así su táctica de no destinar recursos de su fondo anticíclico para hacer transferencias al Consejo de la Magistratura y cubrir el pago de los sueldos de los jueces y funcionarios.

Luego de las firmas del último cónclave, uno de los ministros analizaba la evolución presupuestaria de los últimos años. Si bien todos los indicadores muestran curvas ascendentes, los fondos del Poder Judicial fueron siempre menores que los del ministerio público y los del Ministerio de Justicia. Dato que iba acompañado por la interpretación de que no siempre mayores recursos implican mejores resultados.

Ocurre que la eficiencia es un valor muy instalado en las alturas de la Justicia, rasgo que volvió a quedar en evidencia el pasado lunes, cuando Lorenzetti y el secretario de Administración, Héctor Marchi, presentaron en la Facultad de Derecho el documento "El Poder Judicial en democracia. El rol de las finanzas públicas". Ese texto se compartió con los principales jueces en Mar del Plata en la última conferencia de magistrados organizada por la Corte. Cinco días más tarde, Cristina de Kirchner, en la presentación del Código Civil y Comercial, sugirió que el Poder Judicial debería administrar mejor sus recursos. Esquirlas esperables y que son la consecuencia de desencuentros en distintos niveles.

Ayer, un ministro reflexionaba, en el silencio que domina las tardes del cuarto piso, que mientras la Corte tensiona su vínculo con el Ejecutivo por partidas y recursos, en la provincia de Buenos Aires, casi en paralelo, Daniel Scioli inicia el camino de la autarquía financiera para el Poder Judicial. Carta de presentación valiosa, en ese ámbito, para un aspirante a la primera magistratura y a la que se añade, como un detalle no menor por las conversaciones en curso, que el gobernador en sus dos mandatos no nombró ministros en la Corte bonaerense, a pesar de que ese tribunal no siempre tuvo decisiones felices para con su administración.

Por cierto: si bien hace tres semanas el Ministerio de Economía habilitó un giro de 138 millones de pesos al Consejo de la Magistratura (en concepto de fondos adeudados por el Ejecutivo), el monto todavía no llegó a acreditarse por inconsistencias menores en el decreto necesarias para el giro. En estos momentos, ningún detalle queda librado al azar.

A mediados de noviembre, estos debates volverán a dominar la Magistratura cuando asuman las nuevas autoridades.

El oficialismo podría insistir en la búsqueda del cargo del subadministrador del Poder Judicial, aunque desde la oposición no debería descartarse la aparición de otros candidatos tal como sucedió en 2013. El oficialismo ya daba por descontado que ocuparía la Secretaría de la Comisión de Administración y Financiera (el diputado Carlos Moreno estaba de lo más exultante) y sobre la hora se coló, sin ninguna señal previa, la nominación de Juan Carlos Cubría, hijo de la jueza María Servini. Se impuso en tiempo récord. Era lo obvio: a nadie, sobre todo en el peronismo, le convenía enemistarse con una de las juezas más rutilantes en el plano electoral justo en un año en que se votaba para el Congreso. En 2015 también se vota, y para la presidencia.