El riesgo de una ley que nunca exigió el GAFI

La decisión del fiscal provincial de Catamarca Julio Landivar de procesar a nueve manifestantes en la ruta de acceso a la mina de Bajo La Alumbrera trajo al escenario de los conflictos del verano los fantasmas más temidos para la oposición (y también para el Gobierno) que rondan a la nueva ley antiterrorista. El haber procesado a quienes se manifestaban contra la minería tras varios arrestos y liberaciones no sólo les dio de un plumazo la razón a todos los que protestaron por la reforma al Código Penal que introdujo como agravante general en el Código al hecho de cometer un delito con el fin de aterrorizar a la población, sino que dejó al desnudo la peligrosidad de la figura que se introdujo en el Código Penal.

Ayer, el fiscal de Cámara Federal Antonio Gustavo Gómez cuestionó la decisión de Landivar recordándole que la ley está mal aplicada ya que se trata de un delito y una ruta federales. Exigió que se le restituyera la causa inmediatamente.

Pero el episodio, aún sin resolverse, justificó las protestas que hicieron contra la ley inclusive aliados ideológicos del Gobierno, como Eugenio Zaffaroni o Hebe de Bonafini, que se quejaron cuando la trató el Congreso y luego la promulgó Cristina de Kirchner.

«Es una extorsión que nos hace el organismo GAFI, de segunda categoría, que se atribuye más derechos que las Naciones Unidas», dijo en diciembre Zaffaroni.

En realidad, el GAFI no pidió la ley que sancionó el Gobierno. Este diario relató en mayo del año pasado que, tras la sanción de la última ley contra el lavado de dinero, que el Gobierno llevó a la cumbre del organismo en México, y luego a revisión a la sede del GAFI en París, la exigencia de mayores controles y penalización al financiamiento al terrorismo serían el próximo paso a seguir.

Así fue. Para la revisión que el GAFI hizo al país en noviembre, dentro del proceso de supervisión continua que realiza por las deficiencias en el sistema jurídico de combate al lavado y el financiamiento al terrorismo, la delegación presidida por Julio Alak llevó a París dos proyectos: uno que dispone un agravamiento general de penas para cuando se cometen delitos con el fin de «aterrorizar a la población» y otro que persigue el uso de información confidencial y penaliza operaciones de fraude en el mercado. Ninguna de esas dos redacciones se ajustó a las exigencias del GAFI que en realidad siempre insistió con la necesidad de tipificar claramente el delito de terrorismo y su financiamiento en el Código y no dejar la tipificación abierta, como lo que sucede ahora dando lugar a imputaciones diversas, como la que se vive en Catamarca.