El Senado lo hizo: aprobó el blanqueo y jubileo fiscal

El Senado aprobó ayer el paquete anticrisis que pidió Cristina de Kirchner. Los cruces más fuertes en el debate fueron entre el radical Gerardo Morales y el kirchnerista Miguel Pichetto.

El Senado convirtió ayer en ley el paquete anticrisis con el que Cristina de Kirchner intentará frenar el enfriamiento de la economía. Sin problemas para conseguir el número, el kirchnerismo aprobó esa ley ómnibus por 42 votos a favor contra 27 de la oposición. El capítulo más polémico de esa ley y que generó dudas inclusive dentro del propio oficialismo, el blanqueo de capitales, también pasó sin inconvenientes: se aprobó por 39 votos contra 28.
El proyecto tiene tres capítulos que establecen una moratoria impositiva y laboral, el régimen de exteriorización de capitales (tal el nombre técnico del blanqueo) y el plan de regularización del trabajo en negro e incentivos para la contratación de empleados.
· En el jubileo fiscal aprobado ayer se podrán incluir todas «las obligaciones vencidas o infracciones cometidas» al 31 de diciembre de 2007, salvo las deudas con el sistema nacional de obras sociales, una excepción esta última que consiguió el sindicalismo cuando la ley se debatía en Diputados.
El plazo para acogerse a la moratoria será entre el primer mes calendario siguiente a que la ley se publique en el Boletín Oficial (que seguramente será enero) y el sexto mes calendario.
Uno de los puntos más polémicos de la moratoria aparece en los artículos 2 y 3 de la ley. Allí se establece que entrarán en la moratoria todas las deudas que se encuentren en proceso administrativo o judicial y que el «acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales en curso y la interrupción de la prescripción penal». Desde la oposición se atacó esta medida recordando que muchas de las causas que involucran denuncias de corrupción, como el caso Skanska, quedarán afuera de la Justicia gracias a esos dos artículos:
El régimen de regularización del empleado no registrado y promoción y protección del empleo, permite liberar de multas, sanciones y hasta la de deuda por falta de pago de aportes previsionales a las empresas que teniendo trabajadores en negro los declaren. La ley rige para la regularización de hasta 10 empleados, pero a partir de ese número también habrá regularización pero con una refinanciación de la deuda por aportes impagos.
El beneficio por declarar los trabajadores no registrados será de una reducción de 50% de los aportes en el primer año y de 25% en el segundo.
El proyecto finalmente establece un régimen de blanqueo de capitales para los que estuvieran depositados en bancos del exterior al 31 de diciembre de 2007, en el país pero no declarados (como el caso de los fondos en cajas de seguridad) y los que se hubieran invertido en el país, pero donde el titular pudiera demostrar que estuvieron depositados en bancos del extranjero al menos 3 meses antes de diciembre de 2007.
Miguel Pichetto consiguió aprobar la ley a pesar de la oposición del radicalismo, la Coalición Cívica, el socialismo, el peronismo disidente y hasta algún senador de su bloque. Sin dudas el punto más complicado del debate fue el blanqueo de capitales.
El jefe de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Fabián Ríos, tuvo que explicar en varias oportunidades que la «exteriorización» de los fondos «no abarca al dinero ilegal o dinero sucio».
«Este bloque tiene perfectamente claro que aquel que exteriorice capitales no está eximido de ser penado si esos capitales tienen origen doloso, o se originan en el narcotráfico, o son blanqueo de dinero», dijo el correntino.
Basado en la necesidad de «mantener la actividad productiva», el kirchnerismo intentó demostrar en el recinto que la ley que se estaba debatiendo tuvo antecedentes en los gobiernos de Carlos Menem y Raúl Alfonsín: «la norma es idéntica, una copia textual» a una que se aprobó en el Congreso en 1992, explicó Pichetto, «Todos los gobiernos la dictaron y todos tienen la misma finalidad: repatriar capitales. Hay 130 mil millones de dólares argentinos por el mundo».
El radical Gerardo Morales, que lidera la crítica al blanqueo desde que el Gobierno anunció el proyecto no sólo negó que la norma fuera similar a la que se aprobó durante el gobierno radical, sino que anunció: «con la ley se van a incumplir convenios internacionales en la materia». Luego prometió: «la UCR va a ir a la Justicia para que investiguen a todos los que van a blanquear dinero».
El socialista Rubén Giustiniani lo siguió en el ataque: «El blanqueo de capitales es inaceptable desde lo moral, lo político y lo jurídico, no está de ninguna manera claro cuánto dinero va a llegar, ni cuánto se va a blanquear, ni quiénes se blanquean».
Fue el final de un debate que incluyó, casi sin que se notara, la aprobación de la eliminación de la «tablita» de Machinea (ver nota aparte). Y también cruces casi violentos entre la oposición y el kirchnerismo, como el que protagonizó el chubutense Marcelo Guinle, que en uso de la palabra que le había cedido Pichetto, terminó a los gritos contra los radicales que pretendían interrumpirlo.