El tsunami judicial llena a Brasil de incertidumbre política y económica

¿LAS ELECCIONES PONDRÁN FIN A LA CRISIS O SOLO LA PROFUNDIZARÁN? - El mercado saludó la ratificación de la condena por corrupción contra Lula da Silva y la ampliación de la pena de cárcel. Sin embargo, eso puede ser un problema de largo plazo para las reformas laboral y del techo del gasto. Una jurisprudencia “creativa” ahonda el conflicto entre poderes.

CAMPAÑA. Tras el duro revés judicial que sufrió en Porto Alegre, Luiz Inácio Lula da Silva trató ayer de equiparar la proclama de su inocencia con la lucha por los valores democráticos.

Si fue un terremoto la decisión unánime de una corte de segunda instancia, que elevó la condena por corrupción pasiva y lavado de dinero contra Luiz Inácio Lula da Silva a doce años y un mes de prisión, lo que sigue es un tsunami que amenaza ahora con evitar que las elecciones de octubre despejen, como se esperaba, los nubarrones político-judiciales que acompañan a Brasil desde hace ya demasiado tiempo.

"Incertidumbre es la palabra clave", le dijo a Ámbito Financiero desde Brasilia Creomar de Souza, analista político y profesor de la Universidad Católica de esa ciudad. Una incertidumbre que compromete el futuro político, económico e institucional del país.

"Brasil todavía no está en condiciones de lograr una renovación de su sistema político. A diferencia de la Argentina u otros países, los brasileños no suelen involucrarse en política. Nuestra democracia sigue siendo un poco frágil y muy dependiente de figuras fuertes, como la de Lula y otras. Los jóvenes, en especial, no tienen interés en involucrarse porque piensan que todo el ambiente político está demasiado contaminado por la corrupción. Ojalá que todo lo que está ocurriendo con la operación 'Lava Jato' dé lugar a una renovación, pero no veo que eso vaya a ocurrir en las próximas elecciones", pronosticó el analista.

El sector financiero recibió la condena con euforia, suponiendo que la salida de Lula del escenario electoral remueve la principal amenaza contra las reformas laboral y del techo del gasto público que Michel Temer hizo aprobar con fórceps en el Congreso. Acaso otee el panorama con cierta miopía.

"El mercado reacciona mucho más emocional que racionalmente cuando se trata de Lula. Por un lado, todavía hay posibilidades, aunque sean remotas, de que sea candidato. Pero, además, el Gobierno de Temer no pudo lograr esas reformas sin acudir a una relación promiscua con el Congreso. Los políticos de la vieja generación son cada vez menos capaces de encontrar un camino para Brasil, independientemente de derechas e izquierdas", advirtió De Souza.

Cabe preguntarse, en este sentido, cuál es la sustentabilidad de reformas verdaderamente radicales aprobadas a través de un Congreso tan desprestigiado, ya sea con Lula en la cancha o fuera de ella. Es difícil pensar que un sismo semejante, que hundió la credibilidad de la clase política, no tenga efectos extraños en las urnas. Y si, por fortuna, eso no fuera así, hay que considerar las dificultades que tendrá el próximo presidente en afianzar una legitimidad que será cuestionada desde su primer día en el Palacio del Planalto por media sociedad.

Trasfondo

Es que todo está revuelto en la casa del vecino. Detrás de lo electoral y de una recuperación de la economía que, más allá del crecimiento del 3% proyectado para este año, dependerá de que la crisis institucional no vuelva a meter la cola, asoma un debate sordo pero incómodo sobre el modo en que un sector del poder judicial se ha entregado a la tarea de sanear moralmente la clase política. Tarea que, probablemente, no termine pronto y que redefina de un modo estructural y conflictivo la relación entre judicatura y clase política.

El fallo del juez emblema de la operación "Lava Jato", Sérgio Moro, fue plenamente reivindicado el miércoles por el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre. Sin embargo, de su lectura surge una abundancia de indicios indirectos sobre la supuesta entrega de una coima de la constructora OAS a Lula en forma de un tríplex de lujo en Guarujá. Mensajes internos de la empresa, alusiones en clave a la familia del exmandatario, dichos de dos arrepentidos y frases como "Lula no podía ser ajeno..." o "no podía ignorar..." llaman la atención por su abundancia. El expresidente, pícaro, sigue reclamando que le exhiban "un solo un documento" que lo incrimine, pero se sabe que las coimas, si existen, no conllevan recibos ni escrituras.

"Lo central en la acción de la 'Lava Jato' es que los nuevos jueces brasileños están transformando la lógica de las investigaciones sobre delitos cometidos por políticos. Hasta hace diez años, los jueces se preocupaban mucho por construir pruebas, pero es prácticamente imposible encontrar recibos o pruebas físicas en este tipo de procesos, que es lo que ocurre en este caso específico de Lula y en los de otros condenados. Entonces, esos jueces jóvenes comenzaron a guiarse por indicios como el enriquecimiento inexplicable de los acusados y a imponer la idea de que, si son suficientemente fuertes, esos indicios bastan para una condena", explicó De Souza. "El PT, claro, adopta una perspectiva más garantista y denuncia que si no hay pruebas concretas para condenar a Lula. Pero ese tipo de narrativa política ya no encuentra respaldo ni en una buena parte de la sociedad brasileña ni en buena parte de los jueces", siguió.

Ahora bien, ¿no hay contraindicaciones ni efectos secundarios en esa dosis de remedio judicial? Según el analista, "los jueces aquí desempeñan un rol cada vez más importante en lo político, y todas las decisiones políticas terminan dependiendo de procesos judiciales, lo que es terrible para nuestra democracia".

Por otro lado, "los tribunales superiores, incluido el Supremo Tribunal Federal, han tomado medidas que no tienen amparo en la Constitución y apelaron a una especie de creatividad jurídica que también es muy mala para el proceso institucional".

Es interesante recordar que dos de los tres jueces que el miércoles pueden haber enterrado políticamente a Lula fueron nombrados durante gobiernos del PT. También que la ley de "ficha limpia", que con dudoso sentido constitucional permite privar a un dirigente de sus derechos electorales con una condena en segunda instancia (antes de que haya cosa juzgada) fue promulgada por el propio expresidente en 2010. Lo mismo cabe decir de la amplia autonomía que Lula primero y Dilma Rousseff después dieron a la Policía Federal y a la Procuración General. Los de la izquierda brasileña tal vez fueron, desde ese punto de vista, los Gobiernos más republicanos de la historia de Brasil. Lo que no previeron es que el republicanismo a medias, coexistente con niveles de corrupción altísimos que, tríplex aparte, resultan evidentes en la trama del "petrolão", tendría un resultado tan devastador.