Empieza banco puja contra ley

El Gobierno promulgó ayer la Ley 26.764 que impone que los depósitos judiciales que hasta ahora recibe el Banco Ciudad de Buenos Aires pasen al Banco Nación.

Con la norma publicada en el Boletín Oficial, el Ciudad comenzará ahora una batalla judicial para intentar retener esas partidas que anualmente le representan cerca de $ 7.000 millones, aunque no será retirado el dinero que ya está depositado por la vía de la Justicia.

El decreto lo firmaron Cristina de Kirchner junto con el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Justicia, Julio Alak, mientras que la ley comenzará a regir dentro de 30 días, a partir de ayer. Ese es el tiempo con que cuenta el Banco Ciudad de Buenos Aires para hacer los reclamos judiciales que tiene previstos. Por un lado, la entidad buscará que la norma sea considerada inconstitucional porque sostiene que no es atribución del Congreso quitarse la transferencia de esos depósitos. Por otro, presentarán un amparo para evitar que el Banco Nación comience a recibir los depósitos.

La ley, impulsada por el kirchnerismo, aclara que los montos «que hasta esa fecha se encuentren depositados en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires continuarán en dicha entidad hasta la extinción de las causas que le dieron origen».

«En las causas en trámite ante los tribunales nacionales y federales que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley tengan cuentas abiertas en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, los depósitos judiciales continuarán realizándose en dicha entidad y se mantendrán unificados hasta la extinción de las causas que le dieron origen», agrega la norma.

Además, la ley establece que «también deberán depositarse en el Banco de la Nación Argentina los fondos en moneda extranjera de los organismos del Estado nacional, así como de las entidades o empresas que pertenezcan total o mayoritariamente al mismo, que transfieran al exterior o los mantengan depositados en él, cuando las casas del banco ya instaladas o que se instalen fuera del país puedan prestar el respectivo servicio».

Por otra parte, una cláusula transitoria establece que «las disposiciones de la presente ley no podrán implicar en ningún caso pérdida de empleo».