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Empieza hoy juicio a ruralistas por cortar calles
El juicio comenzará hoy a las 10 en los tribunales de la Justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña. Los ruralistas están acusados de la presunta violación del artículo 78 del Código Contravencional Porteño, al liderar una manifestación frente al Congreso contra la votación a favor de renovar las facultades delegadas del Ejecutivo, que incluía la fijación de las retenciones.
La norma castiga con uno a cinco días de trabajo comunitario o multa de $ 200 a 1.000 a quien «impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos» sin dar aviso con «razonable anticipación» a las autoridades sobre la realización de un corte.
Los acusados reconocieron el hecho durante la investigación, pero argumentaron que no habían tenido dominio de la situación. También justificaron su accionar en el derecho de manifestarse y pidieron la anulación del proceso, lo que fue denegado por el juez.
El juicio estará a cargo del juez penal y contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, Javier Buján, con la acusación del fiscal Luis Duacastella. Los imputados son Alfredo de Angeli (Federación Agraria de Entre Ríos), Luciano Miguens (ex presidente de la Sociedad Rural), Néstor Roulet (Confederaciones Rurales Argentinas), y Pedro Apaolaza (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa).
Como en la mayoría de los juicios de su tipo, la primera audiencia estará dedicada a exhibir los videos del corte y a las declaraciones de los dos comisarios de la Policía Federal que negociaron sin éxito el levantamiento del corte, así como los testigos que firmaron el acta.
El último juicio por este tipo de faltas fue contra el piquetero Luis DElía, a quien se lo acusó de no pedir los permisos correspondientes para interrumpir el tránsito de la avenida Rivadavia a lo largo de todo un día con una caravana, en mayo del año pasado. El dirigente argumentó que había pedido permiso, pero al ministro del Interior por ser el responsable de la Policía Federal, lo que fue ratificado por éste. La jueza a cargo del proceso Cristina Lara consideró que la reglamentación del Código no establecía de manera clara a qué autoridad se debían pedir estos permisos y en consecuencia lo absolvió.
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