Empieza la guerra PRO-Carrió para frenar comisión especial

Mauricio Macri deberá enfrentarse aún más esta semana con Elisa Carrió, que insiste en aprobar la comisión investigadora en lugar de habilitar el juicio político por las escuchas.

Informalmente, ya arrancaron las conversaciones entre el oficialismo y la oposición porteña para avanzar en un punteo de votos sobre qué proyecto relacionado con el procesamiento de Mauricio Macri tendrá posibilidades de aprobarse en el recinto legislativo el próximo 12 de agosto. Es decir, si prospera la aprobación del inicio del juicio político que impulsa el propio Macri para sí, o bien ganará la idea de agotar primero otra instancia. Como impulsa Elisa Carrió, esa posibilidad es la de una comisión investigadora especial, que suele ser la antesala de un juicio político, llegado el caso.

No son menores los argumentos para el macrismo, cuando se empeña en entregar al jefe de Gobierno porteño a una investigación, pero dentro del marco del juicio. Las diferencias son varias, la estrategia del PRO una: que Macri resulte lo menos lastimado posible, en corto plazo, y siga con su chances de candidato presidencial.

Eso se lo asegura, al menos por el momento, un juicio político, casi una ilusión ya que no llegaría a concretarse de acuerdo con las especulaciones macristas. El proceso se divide en dos: primero se reúne la Sala Acusadora, que integra el 75% del recinto -45 diputados-, donde si bien el PRO es minoría con 19 votos, tiene garantizado más de un tercio. Esa Sala forma una comisión investigadora con sus miembros, pero con representación proporcional a los bloques y así el PRO tendría varios diputados. Luego de la investigación que en principio debe demandar 60 días, se eleva la acusación (si existiera). Por ejemplo, se acusa al jefe de Gobierno por mal desempeño en sus funciones. La Sala vota y gana la acusación si reúne dos tercios -30 votos- que allí no tiene la oposición. Por lo tanto, ni llegaría el caso a la Sala Juzgadora, que es la que destituyó a Aníbal Ibarra, con dos tercios de sus 15 diputados (10 votos).

En cambio, una comisión como quiere la Coalición Cívica es más abarcativa. No sólo investigaría si Macri tuvo mal desempeño o cometió un delito, sino que podría tomar el caso de las escuchas para revisar toda la conformación de la Policía Metropolitana y hasta terminar pidiendo -si lo considerada- juicio político a algún ministro. Como está planteada, esa comisión la integraría un diputado por cada uno de los 13 bloques y algunos más en representación de comisiones o de autoridades de la Legislatura.

«Nosotros rechazamos esa comisión porque somos un bloque muy numeroso y tendríamos un solo representante», explicó un macrista como parte de las excusas para ir directamente a la Sala Acusadora.

Los otros argumentos giran en la posibilidad de un desgaste del candidato mayor que lo esperado. La comisión investigadora especial podría extender su trabajo por varios meses. «No queremos que este tema se prolongue hasta el año que viene», sostienen en el PRO.

Pero, además de intentar tener más dominio de la comisión como sería en la Sala Acusadora y acotar la investigación, el macrismo ya tiene en cuenta que, de ser necesario, en el proceso de juicio político podría pedir la nulidad de lo actuado en la comisión de esa sala al Tribunal Superior de Justicia. En cambio, en la comisión especial que propone la Coalición Cívica, no existe esa instancia de queja.

Así, durante el fin de semana no avanzaron en acuerdos, ni la oposición ni el oficialismo con sus rivales. En cambio, hubo otro tipo de movimientos dentro del macrismo, como el sondeo uno a uno de los legisladores que integran la Acusadora, para evitar sorpresas, al punto de que el propio Macri suspendió un descanso debido a la confirmación de su procesamiento (ver nota aparte).

El martes de la semana que viene todos los proyectos relacionados con el procesamiento de Macri comenzarán a debatirse en la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el radical PRO Martín Ocampo, tanto el armado de una comisión especial como la apertura del juicio político y la citación al recinto del jefe de Gobierno.

Con el despacho de la comisión, cualquiera de las iniciativas requerirá en el recinto mayoría simple, el 12 de agosto, fecha que fijó la Legislatura para la sanción de los proyectos.