6 de agosto 2018 - 23:05

Empresarios apelan a la Cámara para complicar causa cuadernos

• SE AGUARDA NUEVO ARREPENTIDO; OBJECIONES A LAS EXCARCELACIONES DENEGADAS SERÁN DEFINIDAS POR IRURZUN Y BRUGLIA
Defensas presentarán hoy recursos para que titulares de firmas constructoras recuperen la libertad. Se cuestionará a Bonadio como juez por no haber sorteado denuncia y restarán validez de las pruebas sin los originales. Punto Clave: cómo probar que hubo dinero involucrado más allá de las anotaciones.

Émulo. En abril de 2017, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, reunió a jueces federales con el impulsor del “Lava-Jato”, Sergio Moro. El juez Claudio Bonadio fue uno de los que obtuvo la fotografía con ambos.
Émulo. En abril de 2017, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, reunió a jueces federales con el impulsor del “Lava-Jato”, Sergio Moro. El juez Claudio Bonadio fue uno de los que obtuvo la fotografía con ambos.
La causa iniciada por la revelación de los cuadernos con la descripción de un circuito de presuntos sobornos que habría redactado durante una década el exchofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno ingresará hoy en zona crítica para definir su verdadero alcance. El grupo de empresarios que continúan detenidos por orden del juez federal Claudio Bonadio se atropellarán para interponer sus respectivas apelaciones ante la Cámara Federal al rechazo de las excarcelaciones para los que continúan presos. Allí, los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia deberán decidir si validan los métodos aplicados por el magistrado, ante la batería de escritos que presentarán abogados de los estudios más importantes del país. Será sólo el primer paso del contragolpe que desplegarán los hombres de negocios: con ayuda de los exfuncionarios buscarán que se declaren nulas las indagatorias, argumentarán un "fórum shopping" diseñado para que el caso quede en manos de Bonadio, y replicarán que el origen de sus detenciones está basado en escritos de un "arrepentido" que no podrán ser peritados.

Del otro lado, en tribunales, aguardan que Javier Sánchez Caballero -ex-CEO de IECSA la empresa que era del primo presidencial Ángelo Calcaterra- pida también acceder al status de "imputado colaborador", como hizo Juan Carlos de Goycoechea (de Isolux). Por algo ambos fueron separados del otro pelotón y aguardan en la sede de Cavia y Figueroa Alcorta de la Policía Federal. Los funcionarios fueron llevados al IRIC de Ezeiza y otro grupo permanece en Drogas Peligrosas. El juez ya dejó claro que no homologará el acuerdo si la intención es declarar que fueron extorsionados para hacer aportes de campaña "informales". Quiere escuchar que fueron sobornos a cambio de contratos de obra pública. El mundo empresarial teme que las menciones en el cuaderno sean suficientes para activar los llamados a indagatoria. Calcaterra aparece nombrado en el cuaderno N° 7, en la página 22, como uno de los empresarios sobre los que se efectuaría un retiro de dinero.

En la Cámara habrá un cuello de botella que deberán traspasar. Mariano Llorens -recién ingresado como camarista- se apartará de cualquier intervención en el caso. Su primo, Rafael Llorens, es uno de los exfuncionarios detenidos por haber presuntamente participado de la recolección de dinero. Eso deja las decisiones monopolizadas en Irurzun y Bruglia. Habrá una segura consulta al cuarto piso del Palacio de Tribunales. El mundo empresarial no soñó nunca tener que padecer el estilo de Bonadio -apodado en tribunales "Bona-Dios"- que aplicó por primera vez la prisión preventiva a los titulares de las principales constructoras del país. El método para esmerilarlos tuvo un primer avance con el pedido de colaboración de Goycoechea. A él y a Sánchez Caballero los une -además de haber participado de negocios juntos durante el kirchnerismo y el macrismo- que ambos fueron expulsados de sus empresas apenas hubo cambios de mando en los directorios. El procurador interino Eduardo Casal sumará desde hoy al fiscal Carlos Rívolo al equipo que siga la investigación.

El "arrepentimiento" de Centeno salvó por milímetros el colapso de toda la investigación. Si no aceptaba los cuadernos como propios, necesariamente deberían peritarlos con los originales que nunca estuvieron en poder del tándem Stornelli-Bonadio. Su aparición ahora se volvió irrelevante, con un arrepentido que los admite y con las fotografías y detalles de todos los recorridos. Parcialmente se verificó esa información que los torna verosímiles. Nombres propios, direcciones de empresas, estudios jurídicos, domicilios particulares, ingresos a Olivos, hoteles, clínicas y matrículas de los autos fueron certificados. Pero el primer desafío que enfrenta toda la causa es cómo comprobar, más allá de que el relato sea verosímil, que Centeno vio dinero y cómo lo puede confirmar. Que le hayan contado que transportaban dinero o que lo haya oído por una referencia a un tercero no sirve como prueba más allá de que la cronología sea coincidente. Lo que digan los empresarios "colaboradores" se vuelve crucial. Más allá de esa cuestión, deberá ser analizada la contabilidad de las constructoras. ¿De qué manera justificaban la extracción de dinero de sus cuentas y su conversión a divisas? No son montos que puedan permanecer desapercibidos sin números de cuenta, transacciones reales y operaciones cambiarias. Necesariamente, para que la trama se sostenga, debería hallarse en cada una de las firmas locales involucradas algo similar a la denominada "Caixa 2" que tenía Odebrecht para estructurar internamente la disponibilidad de fondos para los sobornos.

El segundo ataque que recibirá la causa N° 9608/2018 caratulada "NN s/ averiguación de delito" es precisamente el origen. Que Bonadio evitara un sorteo por hechos que eran distintos a las causas que instruía es uno de los puntos débiles que podría dejarlo a tiro de un apartamiento. Con la acusación de asociación ilícita sobre Cristina de Kirchner -que será allanada cuando el Senado preste conformidad- no había autor desconocido. La treta permitió que la investigación quedara fuera del radar hasta las detenciones donde recayó el secreto de sumario a una causa ya secreta y delegada en Stornelli. En el mundo empresarial se preguntaban (con temor) si el "Bonadio-style" había incluido pinchaduras telefónicas todavía no reveladas. Enfrente no estarán sólo las defensas de exfuncionarios K, sino la mitad del Círculo Rojo con ansias de mitigar los alcances de un impredecible escándalo.

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