Empresarios a juicio por el caso tickets

Héctor Recalde

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó que dos empresarios vayan a juicio oral y público por un supuesto intento de sobornos al diputado Héctor Recalde para evitar la sanción de una ley que eliminó el uso de los «tickets canasta» en el pago de salarios.

Se trata de una causa de años, iniciada por los dichos de Recalde, también abogado de la CGT, quien denunció que intentaron sobornarlo por medio de su hijo Mariano, cuando el hoy presidente de Aerolíneas Argentinas era su asesor en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja.

Los empresarios imputados son los exdirectivos de la empresa Accor, Santiago Lynch y Miguel Guido Spano, quienes en una instancia previa habían sido beneficiados con un castigo mínimo de «probation», esto es la suspensión del juicio a cambio de trabajos comunitarios.

Esa decisión había sido tomada por parte del Tribunal Oral Federal Nº 2 en 2010, tras lo cual apeló el fiscal Oscar Fernando Arrigo.

Tal cual consta en la causa, los empresarios habrían intentado sobornar a Recalde en noviembre de 2007 mediante el pago de 20 mil dólares por mes para frenar el proyecto o de unos 20 millones de dólares si, a cambio, se impulsaba una norma para extender el pago con tickets a todos los asalariados que cobrasen menos de dos mil pesos mensuales.

La oferta de los directivos de la firma fue ante Mariano Recalde, e incluso se filmaron algunos tramos de las reuniones.

Sin embargo, el proyecto se convirtió en Ley Nº 26.341 y en ella se determinó que los tickets se incorporaran al salario.

A poco de afrontar el juicio oral y público, el 23 de agosto de 2010, el TOF 2 les concedió a ambos la «probation» para que realizaran trabajos comunitarios por un total de 390 horas en una institución social.

La decisión de dar esa pena menor había sido instada por un fallo previo de la Sala IV de Casación, la misma que ahora, con otra integración, anuló esa decisión.

Los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani resolvieron revocar la «probation» y que se realice un juicio.