Empresarios piden menos conflictos (silencio de la UIA)

Guillermo Moreno

Los principales empresarios argentinos buscaron quedar al margen de la pelea entre Hugo Moyano y el Gobierno, y en buena medida lo lograron. Sin embargo, desde muchas centrales empresarias observan este conflicto con honda preocupación. El consenso es que se le vé un mal final a esta película que ya se arrastra desde hace un semestre por la intransigencia de todos los funcionarios del Gobierno involucrados y del gremio.

Organizaciones empresariales más cercanas al Gobierno se alinearon con el discurso oficial y denostaron al líder sindical. Es el caso de la Confederación General Económica (CGERA) que calificó el paro de los camioneros de «desmedido accionar» y exigió que se muevan «en el marco de la ley». En un comunicado esta entidad -que acompañó al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en sendas excursiones por Angola- dijo que el paro nacional anunciado por Moyano para el miércoles próximo «socava los esfuerzos que viene realizando el país para suavizar el impacto de la crisis económica que golpea a todo el mundo». Y como si fuera el ministro de Trabajo su titular Marcelo Fernández calificó al paro de «infundado e ilegal».

Más equilibrada, la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) eligió recordar los numerosos malos tragos que les hizo pasar a las empresas el gremio de camioneros, cuando sus movilizaciones y bloqueos contaban con la tácita bendición oficial. La entidad que encabeza Osvaldo Cornide afirma que «lo que hace el sindicato de camioneros es inadmisible. Cuando busca más afiliados bloquea las puertas de las fábricas y comercios. Y ahora, cuando discute salarios, deja a la población sin combustible con los riesgos que eso implica». Agregó que «a las pymes de todo el país, sobre todo a las del interior, esto les produce un daño gravísimo».

Cornide no es el único que recuerda esos días en que los camioneros, con el único fin de arrebatarle fichas de afiliación al gremio de los mercantiles de su enemigo Armando Cavalieri, bloqueaban los centros de distribución de industrias y cadenas comerciales. Pero también recuerdan que la cartera laboral invariablemente le daba la razón a Camioneros cuando se trataba de decidir a qué gremio pertenecían los afiliados.

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) también recordaron esos días complicados, pero dijeron que no iban a emitir opinión sobre el tema. Pero las fuentes insistieron en la postura de la entidad fabril sobre la necesidad de no dividir al movimiento obrero porque eso se traduciría en una multiplicación de la conflictividad. El temor es que cada organización «corra por izquierda» a las demás con reclamos que -al menos en la recesión que despunta- sería imposible de satisfacer.

Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria (FAA), declaró que apoya el paro de la próxima semana. «Es una reivindicación justa; está la disputa por el salario y Ganancias, que es donde más estamos de acuerdo con Moyano. Y estamos en desacuerdo con la denuncia penal gorila contra Moyano. ¿Quienes están protestando terminan siendo los que están extorsionando? Eso lo dicen los gorilas».

Lejos de micrófonos y lapiceras, los empresarios -que ayer agotaron baterías de celulares hablando de este tema- creen que lo más grave de la confrontación es que no hay arreglo a la vista. La intransigencia de ambas partes dificulta una solución concertada; estiman -según fuentes oficiales a las que tuvieron acceso- que Cristina de Kirchner cedería en parte al reclamo por la reducción del mínimo no imponible de Ganancias pero buscando la forma de entregárselo en bandeja de plata a los opositores al camionero en el movimiento sindical.

Los empresarios consultados también elogiaron la habilidad de Moyano -o de quien lo asesoró- al levantar la bandera de los descuentos por Ganancias. Se trata de una causa que logró la improbable hazaña de unir a los trabajadores de overol con los de cuello blanco, ambos víctimas de ese gravamen desactualizado.

Los descuentos, según se sabe, están empujando a los trabajadores a pedirles a sus empleadores que les paguen «en negro» una parte de sus ingresos. En una fábrica textil, favorecida por las políticas proteccionistas del Gobierno, hasta hace un par de meses los operarios estaban haciendo horas extra para preparar las prendas de la temporada. Allí hubo un amago de huelga si la patronal no accedía a liquidar «en negro» la mitad de esas horas extra. La explicación del delegado fue sencilla: «De cada cuatro horas que hacemos, dos son para mí y dos para el Gobierno». El dueño de la fábrica accedió.