Lo relevante es que esas presiones sobre Temer y su ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, surgen de sectores gremiales y empresariales que respaldaron decididamente el juicio político contra Dilma Rousseff y, por ende, su ascenso al poder.
Para la nueva administración resulta crucial abatir el déficit fiscal para restaurar la confianza de los inversores en Brasil y rescatar la economía de una aguda recesión.
El presidente de la Federación de las Industrias del Estado de San Pablo (FIESP), Paulo Skaf, se reunió el domingo a la noche con el mandatario interino en San Pablo. Según informó el diario O Estado de Sao Paulo, el tema del encuentro fue la recreación de la Contribución Provisoria a los Movimientos Financieros (CPMF), popularmente conocida como "impuesto al cheque" y uno de los gravámenes más criticados por los hombres de negocios por su carácter distorsivo.
La CPMF rigió años atrás, pero cayó debido al rechazo del Congreso a renovarla, aunque ahora, en medio de los actuales apremios fiscales, es vista como una alternativa por Meirelles.
La reacción de Skaf, uno de los más entusiastas impulsores de la remoción de Rousseff dentro de la sociedad civil y que estuvo a punto de ser ministro del nuevo Gobierno, fue lapidaria. "El pato está en su lugar y tiene como prioridad decirle no al aumento" de los impuestos, dijo, en referencia al pato inflable que se hizo popular en la campaña a favor del "impeachment". Con esa figura, la principal central empresarial de Brasil expresó su rechazo a ser el sector que "pague el pato" del dispendio que adjudican al Gobierno del Partido de los Trabajadores.
La disputa se coló incluso en el gabinete de Temer, cuyo secretario general, Geddel Vieira Lima, declaró que "estoy personalmente en contra de la creación de la CPMF, pero voy a acatar la postura del Gobierno".
"El nuevo Gobierno de Temer tiene un ministro de Hacienda, que es Meirelles. No hay ambigüedad. No habrá sorpresas para personas físicas y jurídicas", pretendió tranquilizar.
En tanto, el mandatario recibió ayer a la tarde en el palacio presidencial del Planalto a los líderes de las cuatro centrales sindicales opositoras al Partido de los Trabajadores para comenzar a negociar la reforma jubilatoria, que busca fijar una edad mínima para el pase a retiro y un aumento de los años de aporte.
Se trata de la Fuerza Sindical, la Unión General de los Trabajadores (UGT), la Central de los Sindicatos Brasileños y la Nueva Central Sindical de Trabajadores, quienes presionaron al mandatario, a Meirelles, al jefe de gabinete Eliseu Padilha, y al ministro de Trabajo Ronaldo Nogueira para que moderen los alcances de la iniciativa y, sobre todo, no afecte derechos adquiridos, esto es que rija hacia el futuro y no incida en los trabajadores que ya están en actividad.
El mayor de esos grupos gremiales, la Fuerza Sindical, liderada por el diputado Paulo Pereira da Silva, calificó de "inaceptable" la propuesta de Meirelles.
En una entrevista, el ministro dijo que la reforma previsional deberá respetar los derechos adquiridos, pero matizó sus propias palabras al afirmar que ese concepto es "impreciso". Asimismo, pretende convencer a los sindicalistas de "modernizar" las relaciones laborales, algo que éstos denuncian como un intento de "precarización y flexibilización".
Por otra aprte, la principal central sindical de Brasil y Sudamérica, la Central Única de Trabajadores (CUT), vinculada al PT, directamente se negó a asistir a la convocatoria presidencial ya que, señaló, desconoce la legitimidad de la administración interina.
Así lo dijo Vagner Freitas, el presidente de CUT.
"La CUT no reconoce a golpistas como gobernantes y es por eso que no irá a la reunión que Michel Temer llamó con las centrales sindicales", dijo Freitas.
Según Freitas, el Gobierno de Temer "pretende retroceder conquistas" de la clase trabajadora y por eso "la lucha será en las calles y en los lugares de trabajo".
Por su lado, el presidente del PT, Rui Falcao, denunció ayer que el Gobierno interino quiere "terminar con el multilateralismo" de la política exterior brasileña y adoptar "dependencia" de Estados Unidos.
"Apenas comenzó, el Gobierno usurpador confirma lo que ya preveíamos. En su primera entrevista -y la de algunos ministros- el Presidente interino anuncia la disposición de avanzar en privatizaciones, en revisar políticas sociales y reforma agraría, así como terminar con el multilateralismo, retornando a la dependencia de Estados Unidos", denunció.
| Agencias Telam, AFP y Brasil247, y Ámbito Financiero |
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