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En 2001 se pensaba distinto
Rossi consideró ayer que solamente el Poder Ejecutivo tiene la atribución de convocar a sesiones extraordinarias del Parlamento. «Que se reúna el Congreso es anticonstitucional», indicó Rossi. Agregó que «la oposición está llevando adelante un intento de tropelía legislativa».
«Yo espero que tengan un grado de responsabilidad. Es difícil volver de estas cosas», señaló el legislador.
En esta línea, manifestó que «Cobos no tiene ninguna autoridad para convocar a una sesión» del Parlamento fuera del período ordinario.
El vicepresidente dispone de un as en la manga: la versión taquigráfica del 19 de diciembre de 2001 -un día antes de la renuncia de Fernando de la Rúa-, en la que se lee una cerrada defensa de la entonces senadora Cristina de Kirchner a la facultad de los legisladores (Senado) de autoprorrogar el período de sesiones.
En esos momentos se discutían dos decretos polémicos: el «corralito» y la disminución de las facultades delegadas (superpoderes) al entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo. De la Rúa lanzó esos decretos, cerró las sesiones ordinarias y en las extraordinarias no incluyó esos temas de modo que el Parlamento se autoprorrogó su actividad legislativa para debatirlos. Así hablaba Cristina de Kirchner en el Orden del Día Nº 1.026 del 19 de diciembre de 2001: «Expreso la preocupación de nuestro bloque por la ausencia en este recinto de la bancada de la minoría, pero que es el oficialismo (la Alianza) a nivel del Poder Ejecutivo Nacional. La bancada de la minoría considera la inexistencia de facultades por parte de este cuerpo de autoprorrogar las sesiones ordinarias. Por el contrario, la bancada del Partido Justicialista sostuvo -y sostiene- las facultades de este Parlamento para autoprorrogar las sesiones ordinarias. Dentro de nuestro propio bloque hubo alguna voz que sostuvo que no tendríamos facultades para ejercer este derecho. Respecto de esto, no tengo dudas de que legítima y políticamente estas atribuciones le corresponden al Parlamento argentino».
Y continúa luego: «Con la actitud asumida no estamos violando la Constitución, sino que nos estamos haciendo cargo de ella, que es algo distinto. Los poderes del Estado deben garantizar a los ciudadanos -y no a un determinado Gobierno- el ejercicio y goce de sus derechos. A mí no me votaron para otorgarle garantías a Fernando de la Rúa».


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