En dos semanas vuelve el show de sobornos en Senado

Mario Pontaquarto, Chacho Álvarez

El próximo martes 22 de noviembre se iniciará en el Tribunal Oral Federal Nº 3 de la Capital Federal el juicio por el presunto pago de sobornos en el Senado para aprobar la ley de reforma laboral en el año 2000. Entre los procesados por esa causa están el expresidente Fernando de la Rúa, su exministro de Trabajo, Mario Flamarique, y el entonces titular de la SIDE Fernando de Santibañes, el «arrepentido» Mario Pontaquarto y los exlegisladores peronistas Alberto Máximo Tell, Augusto José María Alasino, Remo José Constanzo y Ricardo Alberto Branda. El proceso que se le sigue al exsenador nacional Emilio Marcelo Cantarero se halla suspendido por la situación de su salud. Todos están imputados por el presunto delito de cohecho.

El tribunal a cargo del debate está integrado por los jueces Gerardo Felipe Larrambebere, Miguel Guillermo Pons y Guillermo Andrés Gordo, y durante los casi cinco meses que se espera durará el juicio se prevé que declaren alrededor de 340 testigos.

En el auto de elevación a juicio, el fiscal Federico Delgado presume que esos senadores habrían recibido la suma de 4.300.000 pesos el 26 de abril de 2000 en el domicilio de Emilio Cantarero, situado en la avenida Callao 1983, 7° piso de la Capital Federal, luego de finalizada la sesión en la que votaron a favor de ley de reforma laboral.

Los senadores peronistas votaron en conjunto con la bancada de la Alianza, a la cual habían impuesto la «disciplina de bloque», lo cual dio lugar, tras la devolución a la Cámara baja, a la sanción de la Ley N° 25.250, conocida como de «flexibilización laboral». Esa ley fue apoyada en su momento por el Partido Justicialista y por la cúpula de la CGT, con lo cual, según argumentan los exfuncionarios procesados, sobraban los votos para sancionar la norma si los senadores acusados hubiera votado en contra. El eje de esa defensa es que no hacía falta pagar votos por esa sanción.

El caso salió a la luz por una denuncia del exsenador Antonio Cafiero y por la publicidad de un relato anónimo que llegó a la prensa con detalles del presunto pago, que el fiscal intentará demostrar que era a cambio del voto en ese caso.

La ley que se votaba produjo importantes reformas en la legislación laboral y era un recorte del poder de los sindicatos al habilitar institutos nuevos de negociación y de asociación sindical. La ley fue aprobada y rigió, sin aplicarse, hasta el año 2003, cuando un proyecto de la exsenadora Cristina de Kirchner promovió la derogación con el mismo argumento que había usado el principal contradictor de la norma en la CGT, Hugo Moyano: que se habían pagado esos votos, algo que hasta ahora no está demostrado. Después de la crisis del Gobierno de la Alianza, no había en ese año de la derogación nadie que defendiese la ley.

Aun sin que ese pago estuviese demostrado, el entonces vicepresidente Carlos Álvarez aprovechó el escándalo para presentar la renuncia al cargo en octubre del año 2000, aunque ya las relaciones dentro de la alianza de Gobierno se habían resentido. Hugo Moyano había denunciado que Alberto Flamarique, hombre de Chacho, había presumido en una cena de que «para los senadores tengo la Banelco». La salida de Álvarez fue la estocada final a una Alianza ya en crisis y eso precipitó en un año la caída del Gobierno de De la Rúa, quien siempre ha negado que haya ordenado pago alguno. Hasta el día de hoy, Álvarez no ha expresado las razones de esa renuncia.

El caso se reflotó bajo el Gobierno de Néstor Kirchner cuando el exsecretario parlamentario durante la Alianza del Senado, Mario Pontaquarto, confesó que había llevado valijas con el dinero desde las oficinas de la SIDE hasta el Congreso que antes había guardado en su casa durante un par de días. Uno de los puntos que deberá demostrar este personaje es que alguien tuvo confianza en él para confiarle esos fondos.