En la asamblea de Techint se firmó paz con Gobierno

Daniel Novegil

El Gobierno y el grupo Techint cerraron ayer el conflicto que venía enfrentándolos desde mediados de abril: la asamblea de accionistas de Siderar aprobó el nombramiento de tres directores -sobre un total de once- designados por la ANSES, a cambio de que el Estado acepte la distribución de utilidades propuesta por la empresa.

Para llegar a este acuerdo habría sido crucial la intervención de los ministros Amado Boudou y Julio De Vido, y del administrador de la ANSES, Diego Bossio. Lo que la gente de Techint nunca pudo descubrir es quién dentro del Gobierno fue el aire bajo las alas de la pelea que se inició en una asamblea de la sociedad, el 14 de abril pasado.

Podría decirse que ambas partes descubrieron más temprano que tarde que la pelea no beneficiaba a ninguno de ellos: el holding que encabeza Paolo Rocca quedó a las puertas de sufrir la reestatización de Siderar (que no es otra cosa que la ex-SOMISA convenientemente remozada); el Gobierno comprendió que, además del obvio perjuicio económico que le acarrearía afectar las operaciones de Siderar (hoy la venezolana Sidor, reestatizada por Hugo Chávez en perjuicio de Techint produce un 35% del acero que entregaba cuando era privada), tampoco iba a cosechar réditos políticos por esta pelea. Sucede que la ANSES tiene un 25,9% de las acciones de Siderar; el dividendo en efectivo aprobado ayer, de $ 1.511 millones, le reportará al organismo previsional un ingreso neto a sus arcas de más de $ 450 millones.

La asamblea -presidida por el CEO de la empresa, Daniel Novegil- arrancó en el Centro de Convenciones de Techint a las cuatro de la tarde (media hora después de lo previsto) y duró noventa minutos. En el ínterin se aprobaron los siete puntos del orden del día, los mismos que se habían tratado en la fallida asamblea del 15 de abril. No fue la única diferencia: hubo café, masas secas y medialunas para los casi 300 accionistas que se presentaron a votar, para remarcar el clima cordial en el que se desarrolló.

El primer punto era clave: se trataban el balance y los estados contables; se aprobó por unanimidad. Esto implicaba que la empresa podía distribuir los $ 1.511 millones que había propuesto repartir en abril, y que el Estado aceptaba que el resto de las utilidades no distribuidas, o sea, $ 6.400 millones, pasara a la cuenta Reservas. La abogada de la ANSES, María José van Morlegan, se comprometió a desactivar todas las acciones legales interpuestas ante la Justicia para trabar ese reparto de utilidades.

La letrada también pidió explicaciones del destino de las reservas; su colega Santiago de las Carreras detalló que buena parte de ese monto ya había sido aplicada a mejoras en las plantas de la empresa, compra de equipos, pagos, etc. Va de suyo, entonces, que no se trata de una reserva líquida; en su momento, el representante del órgano previsional, Ricardo Nissen (presente ayer en la asamblea), había pedido que se distribuyera en su totalidad. Van Morlegan, sin embargo, se manifestó «satisfecha».

Otro de los puntos ríspidos era la designación del economista Axel Kicillof como uno de los directores en nombre del Estado. Tampoco hubo problemas: su nombramiento, junto con el de Damián Camacho -un hombre de De Vido- y el de Francisco Cudos -un gremialista de la UOM- fue aprobado por unanimidad.

Cudos, cabe apuntarlo, ya era director en representación de los trabajadores, pese a que las acciones del PPP (Programa de Propiedad Participada) habían quedado totalmente licuadas y su porcentaje no daba derecho a nombrar un director. Por cortesía y por la buena relación de la empresa con el gremio, permaneció en su cargo pese a eso; ahora será representante del Estado.

Sergio Dattilo