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En plena crisis por el “Lava Jato”, Temer logró que un aliado sea juez de la Corte
El presidente, nombrado en las delaciones de Odebrecht, cosechó una victoria estratégica con la designación de Alexandre de Moraes, que quedó en manos de senadores también sospechados de corrupción. El nuevo magistrado prometió, no obstante, “actuar con imparcialidad”.
TRIUNFO. Con el nombramiento de De Moraes en el Supremo Tribunal Federal, el Gobierno continúa su blindaje ante las causas por corrupción.
El ingreso de este polémico jurista de 48 años a la corte suprema motivó cruces con legisladores de la oposición y despertó suspicacias, en la antesala de lo que se espera sea una nueva ola de acusaciones por el escándalo de corrupción en la petrolera estatal, que se extiende por tres continentes.
"Está aprobada la designación de Alexandre de Moraes al STF", dijo el senador Oliveira, tras leer el resultado de la votación.
El martes, De Moraes respondió cuestionamientos en la comisión de Constitución y Justicia del Senado durante más de once horas, enfocadas en su filiación con el partido de centroderecha PSDB y sobre su imparcialidad cuando deba juzgar los multimillonarios desvíos de Petrobras a la política, que salpican a varios integrantes del Gobierno del que formó parte. "Actuaré con absoluta independencia, absoluta imparcialidad", dijo.
El presidente, los ministros y todos los parlamentarios tienen condición de aforados, por lo que sólo pueden ser juzgados por el Supremo, que en Brasil es tradicionalmente más lento y burocrático que la justicia ordinaria.
Si bien reemplazará a Zavascki, que tramitaba los casos de políticos con fuero privilegiado de la operación "Lava Jato", el exministro de Justicia no se hará cargo de esos expedientes, que por sorteo quedaron en manos del juez Edson Fachin.
Tanto Temer como De Moraes han repetido hasta el hartazgo que la investigación judicial es "intocable" y garantizaron que el Gobierno no interferirá de modo alguno en la justicia.
Sin embargo, en el PMDB, surgieron polémicas propuestas que, para muchos parlamentarios de la oposición, apuntan en sentido contrario.
La última de ellas, aunque retirada unas horas después de ser presentada por el presidente del PMDB, Romero Jucá, proponía impedir que los jefes de ambas Cámaras legislativas sean juzgados, mientras estén en el ejercicio de sus cargos, por delitos cometidos antes de asumir esos mandatos.
El presidente de Diputados, Rodrigo Maia, del partido Demócrata (DEM) y de la mayoritaria base oficialista, es investigado por supuestas maniobras para favorecer a empresas constructoras a cambio de abultados sobornos.
En el caso de Oliveira se asegura que fue citado como beneficiario de las corruptelas en testimonios dados a la justicia 77 exdirectivos del grupo Odebrecht.
| Agencias EFE, AFP, ANSA, DPA y Reuters |


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