Endureció Benedicto XVI penas a curas pederastas

Benedicto XVI

Ciudad del Vaticano - En el marco de la ofensiva de Benedicto XVI contra los abusos sexuales por parte de sacerdotes, el Vaticano emitió ayer la reforma del documento «Delicta Graviora» («acerca de los delitos más graves») de 2001, que prevé normas más duras, incluyendo la prescripción, que pasa a 20 años en lugar de 10, desde la mayoría de edad de la víctima y la introducción del delito de pornografía infantil.

El nuevo texto prevé procesos más rápidos contra los sacerdotes abusadores, equipara los abusos contra personas con discapacidad psíquica con aquellos contra niños, y establece que en los casos más graves el Papa podrá actuar directamente, a través de un decreto pontificio, para castigar a los culpables.

Volumen

Monseñor Charles Scicluna, promotor de Justicia (fiscal) de la Congregación para la Doctrina de la Fe (ex Santo Oficio), que se ocupa de los procesos por estos delitos, explicó que los casos graves representan el 20% del total.

Según la modificación, la Congregación para la Doctrina de la Fe «tiene el derecho» a juzgar también a los cardenales.

También los laicos podrán formar parte de los tribunales eclesiásticos encargados de pronunciarse sobre los abusos de los religiosos «como miembros del personal de los tribunales, como abogados o fiscales, no sólo de sacerdotes sino también de laicos».

Colaboración

Otro de los puntos, que ya había sido anticipado por Benedicto XVI, es la obligatoriedad de colaborar con las autoridades civiles en los casos de abusos y otros delitos reconocidos también fuera del código canónico. Aunque las nuevas reglas también establecen el «secreto pontificio», o sea la confidencialidad que debe acompañar los procesos canónicos sobre curas acusados de paidofilia, esto nunca debe impedir la denuncia a las autoridades civiles, subrayó monseñor Scicluna (ver aparte).

Es necesario «obedecer las leyes civiles sin esperar el resultado del proceso canónico», reiteró el prelado.

El punto fue retomado por el vocero oficial de la Santa Sede, padre Federico Lombardi, quien precisó que aunque «el derecho penal canónico es plenamente autónomo del derecho civil de los Estados», la línea de la Iglesia es que «hay que aplicar siempre las disposiciones de la ley civil por cuanto concierne la denuncia de los crímenes a las autoridades competentes».

El documento establece que la Congregación para la Doctrina de la Fe es un tribunal de segundo grado para los delitos de herejía, cisma y apostasía, además de la ordenación de mujeres sacerdotes. El primer grado corresponde a los tribunales de las diócesis.

El intento de ordenar a mujeres sacerdotes, además, será considerado un delito gravísimo contra la fe.

Agencias ANSA, EFE, y AFP