30 de mayo 2011 - 00:00

Equidad educativa

La renuncia del rector de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, pírrica victoria de los alumnos que tomaron la institución, marca un hito en la educación argentina. Año tras año muchas familias han realizado importantes esfuerzos para apoyar la posibilidad de que sus hijos ingresen al colegio; hoy eso es sólo un recuerdo. El número de aspirantes lógicamente se ha reducido y seguramente el ingreso 2012 no será competitivo. El ocaso del Carlos Pellegrini no hace sino profundizar aún más la inequidad educativa existente en nuestro país.

El Estado tiene la obligación de asegurar la educación primaria y secundaria de

los ciudadanos, preparándolos para interactuar en la sociedad del conocimiento en que les tocará vivir. Los resultados de los exámenes internacionales PISA, los cuales evalúan hasta qué punto los alumnos de 15 años han adquirido los conocimientos y habilidades necesarios para insertarse en dicha sociedad, demuestran que hace ya mucho tiempo que nuestros gobiernos cumplen tan sólo formalmente con dicha obligación.

Ejemplo

Es hora de evaluar reformas radicales. ¿Por qué entonces no considerar la exitosa reforma llevada a cabo en Suecia a partir de 1992, la cual, entre otros logros, mejoró el nivel de las escuelas públicas municipales?

Desde la década de 1970, el sistema escolar sueco había disminuido considerablemente en calidad. Sólo quienes podían hacer frente a las altas matrículas de las escuelas privadas, mientras a su vez pagaban los elevados impuestos característicos de Suecia, tenían la capacidad de proporcionar una educación de excelencia a sus hijos. El resto de la población debía concurrir a las escuelas públicas de sus municipios.

A partir de la reforma de 1992, todo padre puede decidir libremente dónde educar a sus hijos, si en instituciones públicas o privadas, con o sin fines de lucro, y el Estado se limita a proporcionarles un bono con el cual pagar por dicha educación. Luego, cada escuela presenta sus bonos a la dependencia de contralor y obtiene a cambio el subsidio correspondiente. Para calificar para el programa, las escuelas tienen que ser aprobadas por el organismo gubernamental de contralor, cumplir con los requisitos del plan de estudios nacional y no pueden seleccionar estudiantes sobre la base de su estatus socioeconómico o étnico.

El programa de bonos escolares fue diseñado con el fin de crear un mercado a la competencia, el espíritu empresarial y la innovación, basado en la tradición sueca de justicia social e igualdad de oportunidades. Por ello todas las familias pueden elegir entre escuelas públicas o privadas, independientemente de sus posibilidades económicas.

¿Por qué no considerar un sistema escolar, imbuido de esta lógica, que sea apropiado para nuestra realidad? Hoy nuestro sistema escolar, lejos de igualar las oportunidades, consigue justamente lo contrario.

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