Una interesante cantidad de funcionarios y dirigentes de Cambiemos se preguntaron seriamente en la última semana sobre el porqué de algunas decisiones del Gobierno que terminaron convirtiéndose en temibles errores que hubieran sido perfectamente evitables. De esta última calificación surge el temor que aparece no sólo en la clase política, sino también en empresarios y el mercado sobre la forma en que se decide en el poder.
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La lista de esos errores fue coronada la semana pasada por las alternativas del acuerdo preventivo entre el Estado y la empresa para la renegociación del pago de la deuda del canon impago en el luego estatizado Correo Argentino, propiedad del Grupo Macri hasta 2003. Tres ofertas hizo el grupo en el concurso judicial para renegociar la deuda y sólo les fue aceptada la última generándole un alto costo político a Cambiemos. Significa, entonces, que el Gobierno podría haber dejado pasar la negociación esta vez o, mejor dicho, no haber convocado judicialmente a ninguna ronda para llegar a un acuerdo.
En lo técnico, ése hubiera sido el camino para evitar el escándalo, asumiendo claro que no se ponga en consideración la existencia o no de cuestiones dolosas. Esa línea es la que sostienen radicales e inclusive macristas, y sería la más recomendable para un año electoral en el que Cambiemos se está jugando el futuro. Con un peronismo que tiene perdido el rumbo hacia la unidad y Cristina de Kirchner como principal responsable de ese desconcierto en el PJ (actuando así, una vez más, como sparring dilecto para el Gobierno), no es 2017 un año para que el macrismo cometa el error de superponer cuestiones empresariales al objetivo mucho más grande, y quizás alcanzable, como es la batalla electoral.
Para el macrismo, todo el conflicto por la deuda del Correo Argentino está hoy pendiente de un dictamen mucho más duro y complicado que la discusión que se dará hoy en el Congreso cuando Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones, vaya a dar explicaciones a los propios oficialistas o los planteos penales que ya se hacen hoy en Tribunales
El juicio más temido sobre esta cuestión es el que se espera de Elisa Carrió que, fuera del país, aún mantiene silencio pero está a punto de pronunciarse. Tan pendiente está el macrismo de la chaqueña que ayer Aguad, un amigo de Carrió en la política, fue personalmente a entregarle a Fernando Sánchez los antecedentes del caso. El diputado los estudiará y le pasará un informe a Carrió que hoy mismo podría emitir su sentencia, un fallo que puede calmar o incendiar la situación.
También podría ponerse en el listado de pifias de los últimos días el anuncio sobre la obligación para los comercios de mostrar el precio al contado y aclarar la tasas que cobrarán para el pago en cuotas. En el primer momento hubo desconcierto, algo peligroso en un año donde el movimiento de la economía se sigue percibiendo casi con exclusividad solo a través del consumo. En el largo plazo la decisión traerá claridad a los precios, pero en el corto produjo temor en la población media que compra y se financia porque las tarjetas ofrecen cuotas, sea cual fuera el interés.
Ayer, la lista de errores sumó un capítulo difícil de digerir. Hace una semana Germán Garavano le pidió al juez Enrique Lavie Pico que rechazara el recurso presentado por Elena Highton de Nolasco para quedarse en la Corte Suprema mas allá de los 75 años. El Ministerio de Justicia agregó que haría reserva del caso federal para llegar a la Corte Suprema. Algo pasó en la semana ya que ayer el Gobierno dio marcha atrás y anunció que no apelará el fallo de Lavié Pico que finalmente le garantizó el puesto a Highton mas allá del límite de los 75 años que fijó la Constitución de 1994. No se trató siquiera de un error de cálculo o falta de información: el Gobierno siempre supo lo que tenía adelante en este caso, frente a la segura reacción de los justices, e inexplicablemente igual pagó el costo político.
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