Es ley fin de la industria de juicios por accidentes

Agustín Rossi, rodeado ayer de Juliana Di Tullio y Mabel Müller, recibió ayuda del PRO para votar la ley de ART. Sandra Mendoza y Héctor Recalde se quedaron como soldados en el recinto, como Roberto Feletti y Julián Domínguez. Afuera marchaban la CGT de Hugo Moyano y la CTA en contra de la nueva ley.

Diputados convirtió ayer en ley la reforma al régimen de ART que intente frenar la industria del juicio al eliminar la doble vía que permitía hasta ahora que un damnificado por accidente de trabajo cobrara la indemnización en la Aseguradora de Riesgos de Trabajo y luego fuera por más a la Justicia laboral.

El proyecto refuerza los montos indemnizatorios que fija el régimen de las ART y al mismo tiempo elimina la posibilidad de abrir las dos vías para obtener una indemnización (se deberá optar por alguna de ellas) y fija que el procedimiento de reparación deberá cursar por el Fuero Civil y no Laboral, como hasta ahora. La oposición cree que la ley sólo les hará ganar tiempo a las empresas que soportan hoy olas de juicios por los fallos de la Corte Suprema que habilitaron la reparación civil más allá de las indemnizaciones de las ART y al Gobierno, hasta que comiencen a presentarse recursos por inconstitucionalidad contra esta nueva ley por cerrar la «doble vía», tal como sucedió con el régimen original de ART.

El debate de ayer tuvo algunas curiosidades y problemas para el kirchnerismo. Una rareza fue el acuerdo que permitió sumar, a las 20.10, 139 votos positivos con el kirchnerismo, sus aliados y el PRO, contra 82 rechazos y dos abstenciones de la oposición.

En ese núcleo en contra estuvieron el radicalismo, el FAP, el Frente Peronista, la Coalición Cívica y Proyecto Sur. Pero también hubo algún kirchnerista.

El caso más llamativo fue el del socialista Jorge Rivas, que votó en contra de la modificación de la Ley de Riesgos del Trabajo considerando que «a pesar de que actualiza los montos de las indemnizaciones, el proyecto significa un retroceso en cuanto a los derechos de los trabajadores, al impedirles acudir al fuero laboral en los casos en que la indemnización no resultare justa para ellos, lo que es violatorio de sus derechos constitucionales».

Tampoco apoyó el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde: decidió abstenerse ya que había presentado un dictamen de minoría, similar al pedido por Hugo Moyano, el debate por las ART fue el que produjo, hace una semana, la pelea pública entre Moyano y su exasesor Recalde en medio de toda la comisión.

Finalmente, Facundo Moyano y Omar Plaíni se ausentaron en el momento de la votación.

Mientras el debate avanzaba en el recinto de Diputados, en la calle Moyano y Pablo Micheli volvían a sellar su alianza con una marcha alrededor del Palacio del Congreso en contra de la ley.

A ellos pareció hablarles Agustín Rossi, presidente del bloque kirchnerista, cuando al cierre del debate dijo: «Se van a arrepentir de no acompañar este proyecto, como se arrepintieron de no votar la movilidad jubilatoria. Nadie puede decir que este proyecto va en contra de los trabajadores».

«Nosotros somos el bloque oficialista, no somos libres pensadores, no somos parte de una entelequia, somos parte de un proyecto político», insistió Rossi.

Como jefe de bloque, Federico Pinedo defendió el apoyo del PRO, lo que reforzó en el ambiente la idea de que el proyecto de Cristina de Kirchner había venido de un acuerdo con la Unión Industrial más que con alguna de las CGT: «Creemos que es bueno generar previsibilidad en el ámbito laboral y por eso vamos a acompañar en general y con disidencias en particular», dijo Pinedo. Pero se quejó del «maltrato innecesario que le ha prodigado el oficialismo a toda la oposición durante la discusión de este proyecto. El proyecto es menos bueno de lo que podría haber sido».

En contra, Ricardo Gil Lavedra argumentó: «Se está desperdiciando una oportunidad de sancionar una ley que sirva. No sólo no va a solucionar los problemas, sino que los va a agravar».

Por Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas aseguró que «el trabajador está en una abismal disparidad frente al tremendo poder económico». Y fue Víctor De Gennaro el que adelantó un escenario que opositores y juristas ya dan por descontado: «esta ley es inconstitucional», dijo.