Escuchas: jueces de Misiones, a indagatoria

Norberto Oyarbide

El juez federal Norberto Oyarbide citó ayer a declaración indagatoria a los jueces de Misiones que ordenaron las intervenciones supuestamente ilegales de los teléfonos del empresario Carlos Ávila y de Sergio Burstein, integrante de la Asociación de Familiares del atentado a la AMIA.

Los magistrados de los juzgados de Instrucción Nº 1 y Nº 2 de esa provincia deberán presentarse en Comodoro Py el próximo martes 10 de noviembre. Oyarbide citó también a indagatoria a los dos oficiales de Homicidios, Antonio Fernández y David Amaral, que antecedieron a los procesados Rubén Quintana y Raúl Rojas en esa dependencia. Ambos policías fueron procesados junto con el auxiliar de inteligencia Diego Guarda por los presuntos delitos de «falsedad ideológica, violación de secreto y usurpación de títulos», mismos cargos por los que está acusado el principal sospechoso del caso, Ciro Gerardo James.

Oyarbide hizo lugar a los pedidos del fiscal a cargo del caso, Jorge Di Lello, así como las presentaciones de Burstein, denunciante de la causa, y del fiscal especial de la AMIA, Alberto Nisman, quien también tiene intervención en el expediente, ya que el teléfono de Burstein que fue pinchado fue el que utilizaba para hablar sobre temas relacionados con el caso AMIA.

Los jueces Horacio Gallardo y José Luis Rey tendrán que explicar ante Oyarbide por qué ordenaron las intervenciones (en el caso de Ávila, fueron periódicas desde octubre de 2007) en pesquisas con las que ninguno de estos afectados tenía vinculación, así como por qué nunca se verificaron los teléfonos, ni siquiera el de Ávila, que reaparecía en los pedidos de escuchas de manera sistemática.

Los magistrados de Misiones también deberán dar razones sobre los múltiples obstáculos que presentaron ante los diferentes requerimientos de prueba que solicitó el juez de Buenos Aires, al punto que tuvo que enviar una delegación de la SIDE para que copie los casetes de las grabaciones, que en los juzgados de Misiones se negaron a aportar. Las trabas llegaron a un límite máximo el viernes pasado, cuando Rey dejó fuera de su despacho a la delegación que iba a copiar las escuchas, y no volvió a aparecer, dejando una nota a un empleado del juzgado en la que se negaba a aportar esas pruebas.

En su presentación, Nisman acusó a los dos jueces de los presuntos delitos de violación de la intimidad mediante intrusión telefónica agravada, abuso de autoridad, ocultación de documentos destinados a servir de prueba, prevaricato y falsedad de documento público. Entre los argumentos que señaló, el fiscal afirmó que Gallardo y Rey «conocían desde el principio a quién pertenecían los abonados y que los nombrados resultaban abiertamente ajenos a aquel proceso. De modo tal que, con su aporte, los magistrados formaron parte de la ilícita estructura montada alrededor de las intervenciones telefónicas puestas al descubierto».

Nisman solicitó, además, su detención, para evitar el posible entorpecimiento de la pesquisa. Para concretar esta medida, se debe iniciar un proceso de juicio político en su contra, que podría derivar en la destitución de ambos magistrados.

Por su parte, el ex gobernador y diputado electo por Misiones, Ramón Puerta, rechazó el miércoles pasado en un programa televisivo la denuncia de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien lo había acusado de nombrar a los jueces sospechados.