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España discute la Guerra Civil 75 años después
La insurrección militar contra el Gobierno de la II República, que fue el detonante del conflicto armado, comenzó el 17 de julio en la ciudad de Melilla (norte de África), aunque oficialmente se sitúa el 18 de julio, cuando la sublevación se expandió a otros puntos.
El aniversario fue recordado ayer por la mayoría de los medios españoles, que rememoraron aquellos momentos que marcaron la historia reciente de España.
El diario La Razón publicó una encuesta sobre la opinión de los españoles acerca de la contienda, realizada por la empresa NC Report con 600 entrevistas telefónicas.
Un 46,3% de los encuestados considera que 75 años después del estallido de la guerra, la sociedad española ya superó aquel enfrentamiento, mientras que un 44,8% cree que no y un 8,8% no sabe o no contesta.
Según el diario, lo más significativo de esas parejas cifras es que los que piensan que la sociedad todavía no superó el enfrentamiento tienen más de 65 años en un 55,4%, frente al 34,4%, que tiene entre 18 y 29 años.
El porcentaje es mucho más claro ante la pregunta de si hay que dejar definitivamente atrás la Guerra Civil, a la que un 90,2% respondió que sí, y sólo un 6,7% dijo no.
La contienda, que costó al menos medio millón de muertos y supuso el exilio para miles de españoles, todavía genera controversia y no sólo entre los historiadores.
Una muestra de ello es la polémica surgida a raíz de la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica, aprobada el 31 de octubre de 2007 por el Parlamento, que fija las medidas de reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil y ordena la retirada de los símbolos del franquismo.
La ley fue aprobada con el rechazo del Partido Popular (PP, centroderecha), el principal partido de la oposición en España, que considera que divide a la sociedad y es contraria al espíritu conciliador que guió la Transición a la democracia.
Uno de los puntos más polémicos, que generó un gran debate, es la apertura de las fosas donde fueron enterradas las personas asesinadas durante la contienda.
El juez Baltasar Garzón, que cobró fama mundial al ordenar en 1998 la detención del ya fallecido exdictador chileno Augusto Pinochet, autorizó la apertura de fosas para exhumar restos de desaparecidos al considerar que se habían cometido delitos contra la humanidad.
Pero la decisión de Garzón fue paralizada por la Audiencia Nacional española, que lo acusa de prevaricato por ignorar la Ley de Amnistía de 1977, por lo que será juzgado y fue suspendido y apartado como magistrado de ese alto tribunal español.
La decisión del juez de abrir las fosas comunes, incluida una en la que se suponía que estaba enterrado el poeta Federico García Lorca, causó una gran polémica política y social entre los partidarios y los detractores que creen que no contribuye a cicatrizar las heridas.
Otro elemento de discordia ligado a la Guerra Civil es el futuro del Valle de los Caídos, el monumento más emblemático del franquismo, situado a unos 50 kilómetros de Madrid, y que fue construido por presos republicanos, cerrado por reformas en la actualidad.
El Gobierno español informó el pasado mes de junio que contempla la retirada de los restos de Francisco Franco del enorme mausoleo si la comisión de expertos que estudia su futuro así lo propone.
El Valle de los Caídos comenzó a edificarse en 1940 y en su construcción trabajaron miles de prisioneros republicanos, junto con obreros y presos comunes.
Allí reposan los restos mortales de 33.846 combatientes de ambos bandos, junto a los de Franco y José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española.
El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, dijo ayer que las víctimas del franquismo están siendo «maltratadas» por el Estado, cuando debería ser el primero en cuidar su memoria y ayudar a los familiares.
En el 75° aniversario del levantamiento militar que originó la Guerra Civil, Silva opinó que «el pasado pesa enormemente sobre la política española» y ve «triste» que después de tantos años el Estado no haya resuelto aún muchos problemas y que, en democracia, queden fosas comunes y ningún presidente del Gobierno haya celebrado un acto público de homenaje a las víctimas.
Agencia EFE
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