España ordenó a la Policía que requise todo el material del referéndum de Cataluña

El Gobierno rebelde acelera los preparativos para la consulta independentista del 1 de octubre.

Carles Puigdemont

Barcelona - Un día después de la gran manifestación independentista en Barcelona, la Fiscalía española movilizó ayer a todas las fuerzas policiales que operan en Cataluña para impedir el referéndum independentista convocado para el 1 de octubre en desacato a la prohibición del Tribunal Constitucional.

La instrucción, difundida por la Fiscalía en un comunicado, va dirigida "a todas las unidades de policía" instaladas en la región, a las que ordena que actúen contra autoridades, funcionarios o particulares "a fin de evitar la consumación de los delitos" vinculados a la consulta popular.

Las órdenes fueron transmitidas personalmente a las cúpulas de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra, la policía regional dependiente del ejecutivo catalán de Carles Puigdemont, a quienes ordenan que actúen contra sus superiores políticos.

Esto último supone toda una prueba acerca de cuál será las lealtad del cuerpo de seguridad catalán en la tensa pulseada con el poder central de Madrid por la independencia.

"Los funcionarios policiales procederán directamente a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal", dice la instrucción. Entre estas medidas, se especifica la requisa de "urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal".

El Gobierno independentista de Puigdemont fue denunciado por la Fiscalía por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricato y malversación al convocar al referéndum a pesar de la prohibición dictada por el Tribunal Constitucional, que declaró que la carta magna española no prevé ningún mecanismo secesionista.

Ajenos a las advertencias judiciales y del Gobierno español de Mariano Rajoy, los dirigentes catalanes no piensan detener sus planes y si los independentistas se imponen en la votación, pretenden declarar de inmediato la secesión de esta región de 7,5 millones de habitantes, una de las más ricas de España.

El lunes recibieron el apoyo de alrededor de un millón de personas que se manifestaron en el centro de Barcelona por la independencia, en la sexta movilización anual consecutiva de sus partidarios en ocasión de la Diada, el día nacional de Cataluña.

Sin rebatir directamente las instrucciones de la Fiscalía, el portavoz del Gobierno catalán señaló que las prioridades del cuerpo policial local son otras.

"La prioridad es destinar todos los esfuerzos, todas las energías y todos los efectivos a intentar combatir el yihadismo terroritsta delante del nivel de amenaza que hay", dijo en una rueda de prensa Jordi Turull.

La región se vio impactada por dos atentados yihadistas el 17 y el 18 de agosto con un atropellamiento masivo en el popular paseo de la Rambla de Barcelona y otro en la costera localidad de Cambrils, que dejaron 16 muertos.

Los Mossos d'Esquadra, una policía regional creada en 1983 en plena expansión de las competencias regionales, se encargaron de la investigación, siendo objeto de múltiples halagos y homenajes por parte de la población catalana. Especial relevancia cobró su máximo comandante, Josep Lluís Trapero, sobre quien recae ahora la presión de la justicia española.

Al suspender la convocatoria del referéndum, el Tribunal Constitucional lo advirtió de no colaborar en su celebración y ayer fue convocado a la Fiscalía para recibir estas instrucciones.

"La confianza en las decisiones que tome Trapero es total y absoluta", dijo Turull, mientras que Puigdemont se mostró convencido de que "entre retirar urnas y velar por la seguridad de la gente, la policía sabrá que hacer".

Desde Madrid, el ministro de Justicia español Rafael Catalá recordó que "los Mossos están para servir a los ciudadanos, a todos, no a unos pocos".

La tensión entre el ejecutivo central y los dirigentes regionales se evidenció en una sesión en el Senado, donde la vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó a los independentistas catalanes de distribuir "carnés de catalanes buenos" y excluir a quienes no piensan como ellos.

"Quieren imponer la independencia en contra de la democracia", afirmó.

También en la capital, el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente la ley de transitoriedad jurídica, aprobada el jueves por la mayoría independentista del parlamento regional para regular la transición y fundación de una república independiente si ganan el referendo.

Agencias AFP y DPA, y Ámbito Financiero