España: revés judicial para la Iglesia

José Luis Rodríguez Zapatero

Madrid - El Tribunal Supremo, la más alta instancia judicial de España, rechazó ayer el derecho a ejercer la objeción de conciencia frente a la asignatura escolar obligatoria Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
Esta asignatura, que pretende formar a niños y niñas en temas como la familia, las relaciones afectivas y el respeto por la orientación sexual, mueve una enconada polémica en España por la oposición de la Iglesia Católica y de una parte de las asociaciones de educadores y de padres de familia.
Los detractores de la asignatura, aprobada en diciembre de 2007 en el marco de la Ley Orgánica de Educación (LOE), defienden la objeción de conciencia por «intromisión moral» y acusan al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero de querer adoctrinar a los jóvenes.
En su fallo anunciado ayer, el alto tribunal considera que el contenido de la asignatura y los decretos estudiados «no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».
Según fuentes del Supremo, la sentencia, cuya redacción final tardará alrededor de un mes, abordará cuestiones relacionadas con los contenidos de la asignatura para evitar «el adoctrinamiento» de los niños.
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, dijo que el fallo judicial pone fin «a los intentos de hacer de esta asignatura y de los centros educativos un campo de batalla política».
A juicio de la ministra, nada hay en la asignatura «que invada los derechos fundamentales de los estudiantes; todo lo contrario, les enseña sus derechos y deberes en una sociedad democrática y tolerante».
«Si no cabe la objeción, hay obligación de asistir a clase», dijo en una rueda de prensa la ministra, aludiendo, sin nombrarlas, a las regiones de España gobernadas por el opositor Partido Popular (PP) que amparan a los objetores, y a las que pidió «reflexionar y sacar consecuencias».
En las regiones gobernadas por el PP, como Madrid y Valencia, los colegios han ofrecido alternativas a la asignatura, como la realización de trabajos relacionados con la Constitución española o los derechos fundamentales. Cabrera defendió la materia porque forma ciudadanos en valores democráticos, que es -dijo- una «obligación» del sistema educativo.
En el lado de los opositores a la asignatura, la Confederación Nacional Católica de Padres de Alumnos (Concapa) anunció que apelará la sentencia del Supremo.
«La lucha continúa y está en juego un derecho muy importante para las familias», dijo el presidente de la Concapa, Luis Carbonell.
Agencias EFE, DPA y ANSA