- ámbito
- Edición Impresa
Espía era empleado de Gobierno de Macri
Guillermo Montenegro
La Justicia secuestró, el miércoles, en el allanamiento a la casa del presunto espía, el contrato de locación de servicios que prueba esa relación laboral y por su parte el Gobierno porteño aceptó que el imputado tenía un legajo para ingresar a la nueva policía local.
La resolución en la que se acepta la renuncia de James como auditor interno del área educativa, tendría fecha del 5 de octubre pasado, es decir del mismo día en que fue detenido. Fuentes del Ministerio de Seguridad admitieron que el sospechoso «renunció la semana pasada» y que estaba preseleccionado para ingresar a la Policía Metropolitana.
El juez Norberto Oyarbide, profundizó ayer sobre la relación del detenido James con el Gobierno de Mauricio Macri, a la vez que sobre el caso, el legislador porteño Aníbal Ibarra formuló una denuncia pública que llevará hoy al magistrado.
Vínculos
Los hilos se tienden a partir de la participación de Jorge «Fino» Palacios como titular de la Policía Metropolitana que debutará este mes y organiza Montenegro. Según las denuncias de Burstein, sería Palacios quien tendría que ver con la pinchadura de su teléfono, de acuerdo a la llamada de advertencia que recibió y motivó la investigación.
Hasta el miércoles, Montenegro negó que James estuviera contratado en su ministerio, lo que es cierto. Pero Oyarbide pidió aclaraciones en ese sentido y ayer, el subjefe a cargo de la Metropolitana, Osvaldo Chamorro, le remitió un escrito dando explicaciones. Dice allí que James «inició el trámite para su ingreso a esta Policía Metropolitana encontrándose su trámite en etapa de preselección por la que pasaron más de 1.800 aspirantes con experiencia policial». Chamorro agrega que «ilustrativamente se hace conocer que una vez seleccionado este personal y cumplido todos los trámites exigidos para el ingreso esta subjefatura hace la propuesta de nombramientos al señor ministro, presentación que hasta la fecha no se ha formalizado».
Sorpresa
La denuncia de Ibarra, por otro lado, cayó con sorpresa en el despacho de Narodowski, que supuestamente no tenía conocimiento sobre que el abogado detenido era empleado en su área. James habría ingresado, según revelaron fuentes de la administración macrista, como parte del plantel de la auditoría interna de Educación a cargo de Roberto Ayub, un radical que supo desempeñarse en la gestión porteña de Fernando de la Rúa, como en posteriores, siempre en el área de auditoría en diferentes dependencias.
Se le atribuye ser del partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, donde James mantendría también un contrato de empleo. Según el mismo relato del cual se hizo eco Ibarra también en su denuncia, el supuesto espía renuncia al cargo de la auditoría, que le reportaba unos $ 6.500 al mes, porque no podía tener dos puestos en el Gobierno de la ciudad, ya que es incompatible. Como supuestamente iría a ingresar a la Policía, renuncia a Educación.
La auditoría interna está a su vez en el ámbito de la Dirección General de Personal, que preside Carlos Lelio.
Durante su indagatoria, el martes pasado, James aseguró que «en el Gobierno de la Ciudad le habían dicho que prácticamente ya estaba adentro de la Policía Metropolitana». Trabajó hasta agosto pasado en la Federal, cuando también lo hacía en la Ciudad.
Legisladores porteños de la oposición al macrismo pidieron ayer la interpelación de Montenegro en relación al caso que ahora sigue la Justicia.
Denuncia
Ibarra anticipó que hoy presentará una denuncia ante Oyarbide para que se investigue la presunta relación que podría surgir entre James y Palacios -procesado por la supuesta obstrucción de la investigación del atentado a la AMIA- y el ministro de Seguridad de Macri. Pero Ibarra suma que un legislador de su bloque, Eduardo Epsztein, aduce (como Burstein) haber recibido una llamada anónima alertándolo sobre que su teléfono estaba intervenido, por lo cual el ex fiscal porteño busca que la Justicia compruebe si es así y si hay relación con la causa principal.
Según Ibarra, James estaba contratado desde 2007 y acusó a Montenegro de mentir. «El contrato (que secuestró la Justicia) rondaba los $ 57.000 anuales». «Ahora Montenegro debe decir si esto que estamos afirmando no es cierto. Porque de lo contrario, el ministro tendría que presentar de manera urgente su renuncia no sólo por proteger un sistema de escuchas ilegales sino por mentir sobre los elementos que tiene el propio Gobierno y que los escondía ante la Justicia», acusó el diputado.
La versión sobre la supuesta presentación de la renuncia de Montenegro a su cargo, fue desmentida anoche por los voceros del Ministerio, mientras que desde el Gobierno de la Ciudad también aseguraron que Narodowski, durante toda la semana, no había advertido que James trabajaba en sus dependencias.
Dejá tu comentario