"Esto será largo", reconoce Gobierno sobre la fragata

Ghana pide, antes que ir a un tribunal internacional, finalizar proceso judicial interno

Héctor Timerman

A la estrategia argentina ante las Naciones Unidas para resolver el conflicto por la fragata Libertad le apareció un problema: los primeros sondeos con el Gobierno ghanés no garantizan que el Estado africano acceda a que el caso se resuelva en los tribunales internacionales. La noticia llegó ayer al Gobierno argentino, como fruto de los primeros contactos con Accra de parte de funcionarios de la ONU.

Mientras tanto hoy se espera para las 20.30 que llegue parte de la tripulación de la Libertad, en un vuelo chárter de Air France. Otros 45 marinos, incluyendo el capitán, permanecerán en el puerto de Tema.

Según la visión de hombres cercanos a Ban Ki-moon, que le prometió el lunes a la delegación nacional que encabeza Héctor Timerman, desde Ghana se consideró que aún no están dadas las condiciones para discutir la liberación de la fragata ante la ONU. Para esto, se requiere primero que el proceso judicial culmine y que la tercera escala de la Justicia ghanesa termine de resolver la situación de la Libertad. El caso está hoy en el tribunal del juez Richard Adjei Frimpong, que le dio lugar a la acción del fondo buitre MNL Elliot, según la visión argentina, en situaciones sospechosas. Frimpong además fue el que accionó contra la supervivencia de la tripulación de la fragata al ordenar cortar parte del suministro eléctrico y de agua potable, lo que luego derivó en la decisión de Cristina de Kirchner de evacuar la nave (ver nota aparte).

La jefa de Estado había ordenado también terminar las gestiones ante el Gobierno ghanés de John Dramani Mahama del vicecanciller Eduardo Zuain y del viceministro de Economía Alfredo Forti, al entenderse desde Buenos Aires que por cuestiones de moralidad sobre cómo acelerar los procesos en la Justicia del país africano. Fue una manera además de romper el diálogo también con la gestión Mahama, que había accedido en un primer momento a representar a la Argentina ante el tribunal de Frimpong. Este movimiento no cayó bien en el Gobierno africano, que en los últimos días cerró posiciones con el juez y comenzó a enfrentarse diplomáticamente con la Argentina. Finalmente ayer la posición habría quedado más clara, a partir de las primeras respuestas que dio el embajador permanente de Ghana ante la ONU, el diplomático Ken Kanda. Éste advirtió, ante el avance primario de los buenos oficios de allegados a Ki-moon, que Ghana no tiene instrucciones de aceptar un juicio internacional ni su Gobierno de resolver sobre la liberación inmediata del buque, hasta que el proceso judicial esté aclarado y terminado. Se especificó que no se trata de una posición definitiva, pero sí de la advertencia sobre los tiempos que la Argentina debería aceptar si la resolución se tomara en estas horas.

Lo que Kanda le dio a entender a los funcionarios de la ONU, es que, como mínimo, el Gobierno de Mahama no debe ser apurado. Lo que esto significa para la Argentina, es que los tiempos de espera para una resolución del conflicto por la liberación de la fragata serán mucho más largos que lo previsto, y seguramente medidos en años. Siguiendo la lógica de los tiempos del país africano, primero habría que esperar la resolución del proceso judicial, algo que la Argentina no estaría hoy por hoy dispuesto a protagonizar, pero luego acceder a una participación de los tribunales de la ONU; específicamente la Comisión de los Derechos del Mar de Hamburgo.

«Va a ser un proceso largo», reconocía ayer ante este diario un veterano diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores, al analizar las posibilidades temporales de la resolución del conflicto a nivel diplomático. Por esto se esperará, y apoyará la gestión personal de Ban Ki-moon, hombre de relación directa con el Gobierno de Mahama. Hay que considerar en esta historia, que para la ONU, Ghana juega un rol fundamental en la estabilidad del continente al ser, junto con Sudáfrica, el principal actor de la Unión Africana (UA).

La medición cronológica sobre la evolución del conflicto judicial fue lo que hizo que Cristina de Kirchner definiera el lunes pasado como una cuestión de dignidad exclamando que «mientras yo sea Presidenta se podrán quedar con la fragata».

Mientras tanto, desde la Argentina se acumulan datos para apoyar eventuales presentaciones judiciales contra Ghana para fundamentar el pedido de liberación de la nave. Ayer se pidieron al Ministerio de Economía de Hernán Lorenzino, algunos fallos del juez norteamericano Thomas Griessa sobre embestidas del fondo Elliot de Peter Singer. Se consideraba que podrían ser de utilidad dos decisiones del neoyorquino de los últimos tiempos, donde rechazaba pedidos del fondo buitre para embargar activos de la Argentina. El primero es de julio de 2010, donde Griessa descartó la posibilidad de tomar pagos en los préstamos garantizados del Gobierno argentino en una cuenta en EE.UU. en la Caja de Valores SA. Griessa afirmó que estos pagos son inembargables, argumentando que sería una situación similar a la de «cualquier activo» que tenga que ver con el funcionamiento del Gobierno argentino según la aplicación de la Ley de Inmunidades Soberanas.

Más cerca en el tiempo, en febrero de 2011, el propio Griessa falló a favor de la Argentina protegiendo una demanda que buscaba embargar fondos de Enarsa. En este caso, el rechazo hablaba sobre la imposibilidad de probar que esos fondos correspondían a dinero del Estado argentino. En la letra del fallo se aseguraba además que los activos particulares son inembargables, según la Ley de Inmunidades Soberanas. Son los mismos argumentos que en fallos originarios de Griessa (entre 2006 y 2009), protegieron las embajadas argentinas, sus pertenencias y activos, y cualquier bien mueble o inmueble por los cuales el país ejerza su rol de representación en el extranjero.

También la Argentina tiene en carpeta un último fallo de la Justicia Suiza, donde se consideraron inembargables los fondos del Banco Central depositados en el banco de Basilea, destinados a pagar dividendos y gastos corrientes argentinos.

Con estos argumentos judiciales, más los artículos de la Declaración de los Derechos del Mar y la Convención de Unificación de Ciertas Reglas Relativas a la Inmunidad de los Buques de Estado, la Argentina cree que jurídicamente tiene todas las de ganar para liberar la fragata. Sólo debe sacar el caso de los tribunales ghaneses, algo que por ahora es motivo de negociación.