Estudia Dilma reforma laboral

Brasilia - La presidenta brasileña Dilma Rousseff, que este mes lanzó un programa para aumentar la competitividad de las empresas, analiza, dentro de esa misma estrategia, flexibilizar las normas laborales con cláusulas que permitan reducciones salariales temporarias.

El punto principal de la reforma en estudio es la posibilidad de que empresarios y trabajadores de una empresa acuerden la baja temporaria de los salarios y la jornada laboral para evitar despidos, lo cual no está contemplado en la actual legislación, sancionada hace 69 años.

El proyecto incluye también la posibilidad de reducir el pago de horas extras así como la formación de comités especiales de empresas para establecer negociaciones entre empresarios y empleados al margen de los acuerdos colectivos.

Un borrador del proyecto, que toma como modelo parte de la legislación laboral alemana, comenzó a ser analizado en el Palacio del Planalto por parte del secretario general de la Presidencia, ministro Gilberto Carvalho, y por asesores de la jefa de Gabinete, Gleisi Hoffmann, publicó el diario Estado de Sao Paulo.

El ministro Carvalho es el interlocutor de Rousseff con el mundo sindical y al parecer ya evaluó la reforma laboral con representantes del sindicato de metalúrgicos del cordón industrial de San Pablo, donde Luiz Inácio Lula da Silva comenzó su vida política.

El cambio en la normativa laboral hará posible que las partes arriben a acuerdos rápidos en momentos de agravamiento de las crisis económicas y es respaldada por algunos ministerios, como el de Hacienda.

Es posible que los sindicatos se opongan a la iniciativa, lo que, de concretarse, prolongaría el enfrentamiento que se dio a principios de mes cuando el Gobierno comenzó a analizar la limitación del derecho de huelga, efecto de una protesta que mantenía paralizada buena parte de la administración pública.

Durante los paros en el sector estatal, ministros del gabinete cuestionaron su falta de «racionalidad» y plantearon la necesidad de que fueran garantizados los servicios públicos con un mínimo de empleados en sus puestos de trabajo.

Paralelamente, Rousseff emitió decretos en los que autorizó a sustituir a los huelguistas de organismos federales por empleados de los Gobiernos estaduales y se les descontó el pago cada día de huelga.

Agencia ANSA y Ámbito Financiero