El Gobierno busca eliminar requisitos para las comunidades religiosas y estudia enviar un proyecto de ley que en ese sentido derogue la obligación de inscribirse en el Registro de Cultos.
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El borrador de la iniciativa, según anticipó la agencia oficial Télam, quiere "pasar de la obligatoriedad a la voluntariedad de la inscripción legal, con el añadido de que la inscripción, en caso de hacerse, otorgue una personalidad jurídica especial a las instituciones religiosas, haciendo operativa la norma del nuevo Código Civil".
El Código Civil, reformado por el kirchnerismo, establece que son "personas jurídicas privadas (entre otras) las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas", lo cual no coincidiría con la reglamentación que se aplica actualmente.
En 1979, durante el último Gobierno militar, se estableció por decreto ley 21.745 la obligación a todos los cultos religiosos de inscribirse en un registro oficial para ser considerados legales, además de requerirles que se anoten también en la Inspección General de Justicia (IGJ).
"Lo que no está inscripto hoy queda al margen de la ley y nadie puede ejercer en forma legal el culto sin antes estar reconocido por el Estado, con muchos requisitos y verificaciones. Ahora todo pasaría a ser voluntario para tender a una mayor libertad religiosa y va en sintonía con los estándares internacionales", explicaron las fuentes oficiales.
El Gobierno, de todos modos, quiere conversar la iniciativa con las distintas colectividades religiosas. Aunque es diferente la situación de la Iglesia Católica que por la Constitución nacional cuenta con personería jurídica, igualmente adhiere a la medida relacionada con otras religiones.
El proyecto no tendría margen de ser debatido este año en el Congreso, pero no pasaría de ser discutido el próximo.
La Secretaría de Culto de la Nación, que conduce Santiago de Estrada, comenzó una ronda de sondeos para conocer la opinión de las colectividades y en principio las comunidades evangélicas están de acuerdo en que se eliminen restricciones.
En Cambiemos consideran que la reforma es "una deuda histórica del Estado".
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