Euforia oficial por el fallo de la Justicia

Fallo de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que dio vía al uso de las reservas del BCRA, al considerar que el planteo de la oposición era abstracto.

La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo dio ayer una estocada final a las demandas de la oposición que suspendieron el decreto de necesidad y urgencia del Fondo de Desendeudamiento, al declarar nulos los fallos de primera instancia de la jueza Claudia Rodríguez Vidal en favor de amparos presentados por la oposición contra los decretos de uso de reservas.

Resoluciones de las salas IV y I derogaron las medidas cautelares dictadas por la magistrada, por lo que el Gobierno quedó en condiciones de utilizar las reservas del Banco Central para pagar compromisos de la deuda externa. Hasta ahora, la oposición no habría definido si apelará los fallos del tribunal de alzada, y en la práctica ya no hay casi nada para hacer respecto del bloque judicial de las reservas.

El primer fallo que se conoció ayer fue el de la Sala IV, integrada por los jueces Jorge Morán, Luis María Márquez y Sergio Fernández (estos dos últimos, subrogantes en el tribunal desde diciembre pasado y recusados en vano por la oposición). Dos horas después se conoció la resolución de la Sala I, integrada por los magistrados Pedro Coviello, Néstor Buján y Clara Do Pico, que suscribió a los argumentos de la Sala IV para aplicar la misma medida.

La decisión de la Sala IV se basó en la derogación del DNU 2.010/09 -que creó el Fondo del Bicentenario- el 1 de marzo pasado, por decisión de Cristina de Kirchner. Como la medida cautelar dictada por Rodríguez Vidal era una extensión de la medida original, que suspendió el DNU 2.010/09, la Sala IV consideró que esa causa se había convertido en abstracta y, por lo tanto, el fallo de primera instancia sobre el nuevo DNU 289/10 era nulo. Así, se derogó la cautelar ordenada en el caso «Morales» (por la presentación del senador Gerardo Morales, jefe del bloque UCR) el amparo impulsado por la UCR.

Los jueces sostuvieron que «resulta incuestionable que a partir de la derogación del Dec. 2010/09 -por el Dec. 296/10-, ocurrida el 1.3.10, la cuestión materia de la pretensión cautelar que constituye el objeto de estos autos se tornó abstracta, precisamente por extinción de la causa que dio lugar a la tutela solicitada y emitida -como por otra parte lo declaró de manera expresa el Alto Tribunal en la citada decisión del 3.3.10-, agotándose de tal modo y también desde aquella data la aptitud jurisdiccional del juzgado interviniente».

En este punto, la Sala IV afirmó que «la resolución cautelar aparece viciada de nulidad absoluta e insanable».

La Sala IV señaló, además, que el Decreto 298/10 comporta «de manera objetiva el dictado de un nuevo acto de gobierno» y, por lo tanto, el pedido de medida cautelar debía haber sido presentado «como una petición nueva y autónoma en otra causa» que debió haber ido a sorteo de nuevo magistrado.

El fallo de la Sala I, que analizó el caso «Camaño» -impulsado por la diputada Graciela Camaño del PJ disidente-, suscribió a los argumentos de la Sala IV y se concentró en argumentar sobre la falta de legitimación de los legisladores para impulsar la demanda (aspecto que también tuvo en cuenta la Sala IV, pero en el que no se explayó).

El tribunal afirmó que, al haberse iniciado el período de sesiones ordinarias, «la falta de legitimación de los actores es indiscutible» sobre la base de la reglamentación que establece el artículo 99 de la Constitución Nacional. Los amparos de la oposición se habían iniciado justamente en reclamo de la imposibilidad del Congreso de pronunciarse sobre el DNU -entonces el 2.010/09- como indica la ley, por estar en receso. La Sala I también hizo lugar a los planteos del Gobierno y destacó que «los DNU deben ser analizados por la Comisión Bicameral permanente» y que «estas cuestiones no son justiciables». Ahora, el debate por las reservas vuelve a la arena política, pero esta vez con el visto bueno de la Justicia.