Evitar las posiciones hegemónicas no es una obsesión sólo argentina

De México a Francia, de Chile a Estados Unidos, se debate sobre concentración de medios. No se trata sólo de casos o amenazas de posición dominante que derivan en reducción de oferta y que son resueltos, con mayor o menor suerte, por organismos «antitrust». En los países mencionados y en muchos otros, la denuncia por el accionar o el intento de establecer medios hegemónicos ha venido atada a la acusación a grupos políticos de intentar montar su proyecto de poder por esa vía.

Es por ello que no debe sorprender que el mínimo foco de resistencia al golpe de Estado contra Fernando Lugo en Paraguay se haya registrado a las puertas del incipiente canal público de TV, o que el nuevo presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, lo haya pasado peor de lo que pensaba en la campaña cuando los «indignados» apuntaron al supuesto pacto de la cadena Televisa con el PRI, o que David Cameron tenga que lidiar a diario con las consecuencias de haberle entregado parte de su Gobierno a Rupert Murdoch, el megamagnate australiano de la comunicación. Forman parte de nuestro tiempo marchas callejeras con sátiras a empresarios periodísticos; presidentes que hablan a cámara con un periódico en la mano, al que increpan; alianzas de Gobierno que se quiebran por disidencias en torno a los medios; y fallos de tribunales u organismos reguladores que obligan a los conglomerados a mantenerse a raya... o todo lo contrario.

Un caso emblemático

Entre todos, el que acaso sea el ejemplo más emblemático de concentración de medios, aunque ésta no se dé de la manera más acentuada ni mucho menos, no tiene lugar en América Latina, un continente atravesado de punta a punta por grupos periodísticos con dominio o monopolio en uno o varios segmentos de la comunicación. El ejemplo en cuestión es especialmente significativo tanto por el alcance del control de la televisión por parte de una de las personas más ricas del mundo como por las implicancias que este hecho ha tenido en las últimas dos décadas en la política de ese país. Se trata de Italia. Este país, junto con España, marca el tono de una Europa mediterránea con regulaciones laxas y modificadas al calor de la hegemonía política, que han facilitado oligopolios muy notorios, como contracara de Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Europa del norte en general, que, con sus diferencias, llevan décadas de políticas anticoncentración, control social y sistemas de medios públicos potentes y apartidarios.

Ello, claro está, no excluye debates acalorados en torno de la amenaza que representan para la diversidad grupos como el francés Dassault (fabricante de armas, editor de Le Figaró, propiedad del político conservador Serge Dassault, allegado a Nicolas Sarkozy), el angloparlamente Murdoch (The Sun, The Times, BSkyB, The Wall Street Journal, The New York Post, Fox y muchos más) y el alemán Bertelsmann (RTL radio y TV, editorial Random House, diarios Financial Times Deutschland, S^TMchsische Zeitung; revistas Stern, Gala y Muy Interesante, entre muchas en Europa).

La doble condición de primer ministro y accionista del holding Mediaset le dio a Silvio Berlusconi, durante años, el dominio casi total de los canales de aire. «Il Cavaliere» rompió, especialmente en su último Gobierno, ese pacto de caballeros que rigió durante la era del «pentapartito», que otorgaba el manejo del canal principal de la RAI y la RAI Due a la Democracia Cristiana o el Partido Socialista, según quién encabezara el Ejecutivo, y RAI Tre a la oposición, es decir, al Partido Comunista Italiano. Una práctica que se llamó la «lottizzazione», poco edificante para la comunicación pública, pero algo equilibrada. En cambio, el último Berlusconi metió mano en todas las cadenas públicas, colocando en algunas de ellas a las «velinas» de sus fiestas íntimas como presentadoras de noticias.

Al manejo oficialista, en términos europeos (es decir, menos efusivo que el estilo chavista), que signó a los medios estatales de la era Berlusconi, se debe sumar a las tres principales emisoras privadas, Rette Quatro, Canale 5 e Italia 1. Sólo quedaban fuera de la influencia directa de «Il Cavaliere» La Sette (canal abierto con menos del 5% del encendido) y el sistema de TV paga más difundido, con su señal Sky News. ¿Esas alternativas estaban en manos de grupos políticos rivales, organizaciones comunitarias o cooperativas? No. La Sette está bajo la órbita de Telecom y en la TV paga tiene participación Murdoch. Si al dominio televisivo de Berlusconi se le suman el diario Il Giornale; las revistas Panorama, Chi y otras; Radio 101, y los libros de Mondadori; se configura un escenario impropio de un país desarrollado y con instituciones fuertes.

Lo que no quisieron, pudieron o supieron hacer la Justicia y el Parlamento italianos lo hizo este año, a medias, la Corte europea de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, Francia, en un fallo contrario al expansionismo mediático de Berlusconi, en el expediente «Centro Europa 7 contra Italia». El caso se originó en 1999, cuando le fue concedida a Europa 7 una licencia para emitir radio y TV a nivel nacional. Por esas cuestiones tan típicas de la política de medios, dicha concesión quedó en los papeles, porque una maraña administrativa y decisiones arbitrarias de los gobiernos (Berlusconi o su oposición de centroizquierda) impidieron que fueran otorgadas las frecuencias para emitir. Al no haber canales disponibles, el dueño de Mediaset y jefe de Gobierno debía, en teoría, desprenderse de uno de sus canales, lo que no se pudo llevar a cabo.

El empresario Franceso Di Stefano, titular de Centro Europa 7, acudió a Estrasburgo y, en junio pasado, la Corte de Derechos Humanos determinó que «una situación en la que se permite a un poderoso grupo económico o político en sociedad obtener una posición dominante en los medios audiovisuales reduce a la larga la libertad de expresión», lo que es incompatible con una sociedad democrática. La sentencia fue en línea con los principios de libertad de expresión que manejan, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y gran parte de los organismos y tratados internacionales que se ocupan de la materia.

El tribunal europeo ordenó a Italia establecer una «legislación adecuada para garantizar el pluralismo», y al Gobierno a que facilite «el acceso al mercado» de diversos oferentes. Además, condenó al Estado peninsular a pagar una indemnización de 10 millones de euros a los dueños de Europa 7, lo que los medios críticos de Berlusconi definieron como «el último regalo de los contribuyentes» al magnate.

Pasaron catorce años desde que Centro Europa 7 debió haber comenzado a emitir. El mapa de medios y los dispositivos técnicos hoy son otros, por lo cual, la raíz de la demanda quedó desinflada. Ahora, el canal está emitiendo en frecuencia digital de alta definición, en el marco de un proceso tecnológico que en esta Europa en crisis va mucho más lento de lo que se pensaba.

Corriendo los límites

La legislación antimonopólica adquiere características particulares en los diferentes países. En Estados Unidos, por caso, un pilar es la prohibición de la denominada «propiedad cruzada», lo que impide a un diario acceder a una licencia de radio o TV en una misma zona de cobertura. Este principio está siendo objeto de intenso debate y «lobby» en los últimos años y tiene algunas excepciones otorgadas a lo largo del tiempo por la Federal Communications Commission (FCC), compuesta por cinco miembros nombrados por la Presidencia con acuerdo del Senado y con mandatos de cinco años. Aunque existe un proceso de convergencia de los servicios de telecomunicaciones, el mercado de radio, TV, telefonía, internet y diarios cuenta en EE.UU. con varios actores que se reparten el negocio sin hegemonías. El ente regulador de radio y TV estableció límites porcentuales en el dominio de la audiencia tanto a nivel nacional como local, lo que llevó a controlar las fusiones, que son estudiadas caso por caso. Así las cosas, EE.UU. promete concentrar todas las miradas en 2013 en cuanto a regulación de medios. Ya en 2011, la FCC aprobó por primera vez la fusión de una empresa de cable y telefonía, Comcast, con una de las tres cadenas privadas nacionales de TV, NBC. Tras una encendida polémica, el organismo regulador norteamericano, por una mayoría de 4 a 1, lo que incluyó a dos representantes nombrados por Barack Obama, entre ellos su presidente, daba un paso hacia lo que las organizaciones críticas definieron como «la fusión más dañina de la historia de las comunicaciones en Estados Unidos».

En estos días, esas mismas organizaciones están poniendo el grito en el cielo porque ven movimientos dentro de la FCC a favor de derogar la histórica norma que impide la propiedad cruzada. Si ello ocurre, sería un cambio legislativo «on demand». El Grupo Murdoch mostró interés en hacerse con los diarios Los Angeles Times y Chicago Tribune, hoy en manos de acreedores del Grupo Tribune, incluidos fondos buitre. Como News Corporation ya maneja dos canales de TV en Los Ángeles, la legislación actual le impediría acceder a una de las principales cabeceras de diarios de EE.UU., que sumaría a sus periódicos neoyorquinos The Wall Street Journal y The New York Post.

En Alemania, donde rige un sistema de TV pública modélico y un esquema regulatorio federal, no nacional, la «propiedad cruzada» está permitida, pero la legislación establece topes a la participación en el mercado del orden del 30%.

En cuanto a Francia, el límite al entrecruzamiento varía de acuerdo con el dominio de la audiencia, y en ningún rubro, incluida la prensa, puede superar el 30%. Además, la norma impide que un mismo holding tenga radio, prensa, TV y cable a la vez, sólo autoriza dos de ellos en las mismas manos. Las legislaciones de Francia y Alemania incluso marcan límites a las ganancias que pueden tener las compañías.

El Reino Unido se encuentra en pleno proceso de redifinición de las reglas, luego del cimbronazo que significó el escándalo de las escuchas ilegales por parte de medios de Murdoch, quien había cedido a algunos de sus ejecutivos al Gobierno de Cameron.

El magnate australiano y sus principales espadas mediáticas mantuvieron una fluida relación no sólo con el actual primer ministro conservador, sino también con el laborista Tony Blair, por lo que su capacidad de «lobby» había logrado avanzar hasta zonas impensadas para una democracia tan consolidada, como el mismo despacho del primer ministro, de acuerdo con escuchas telefónicas, intercambio de mensajes de texto y testimonios vertidos en una comisión ad hoc y en la Justicia. Más allá de cómo termine el expediente judicial y de lo que se disponga en el esquema de medios, a Murdoch el escándalo ya le salió caro, porque debió retirar su oferta para tomar el control del sistema de TV satelital BSkyB, un aspecto en el que estaban pulseando antes del «affaire» el Partido Conservador de Cameron y su aliado de Gobierno, el Liberal Demócrata. Con News Corporation, el holding del australiano, pidiendo disculpas, la crisis dentro del gabinete de Cameron se desactivó.

En cualquier caso, en el Reino Unido no son tan cruciales los resguardos legales anticoncentración y a favor de un sistema de medios públicos plural, como lo es la BBC, como lo son estándares culturales que reducen la discrecionalidad de las autoridades regulatorias.