Excarcelación para empresario que habló en el remediosgate

Juan José Zanola

La Cámara Federal porteña concedió ayer la excarcelación al empresario Gabriel Brito, procesado por la causa en la que se investiga el supuesto tráfico de medicamentos adulterados.

La sala II del tribunal confirmó su procesamiento por los supuestos delitos de asociación ilícita y fraude a la Administración Pública, pero dictó falta de mérito para la imputación por presunto lavado de dinero y por supuesta extorsión a una cooperativa, en otra pesquisa vinculada a la llamada mafia de los medicamentos. También fijó un embargo de $ 400 mil sobre el empresario investigado.

Brito era propietario de la empresa Global Pharmacy que realizaba auditorías sobre los medicamentos que recibía la Obra Social de la Asociación Bancaria (OSBA) de la droguería San Javier. Tanto el titular del sindicato, Juan José Zanola, como el propietario de esta droguería, Néstor Lorenzo, están procesados con prisión preventiva, al ser considerados por el juez federal Norberto Oyarbide los supuestos jefes de dos asociaciones ilícitas dedicadas al tráfico de remedios «truchos». El magistrado imputó y detuvo a Brito el 5 de mayo pasado, y luego de varios días de extensas indagatorias, los procesó por los supuestos delitos mencionados.

El titular de Global Pharmacy es además quien responsabilizó públicamente a Lorenzo y al ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y recaudador de la campaña presidencial de Cristina de Kirchner, Héctor Capaccioli, por las supuestas irregularidades en los aportes de campaña vinculados a las droguerías ahora investigadas. Si bien el propio juez señaló varias conexiones entre estas dos causas -la de los remedios «truchos» y la del financiamiento de la campaña de 2007 de Cristina de Kirchner-, por el momento no se ha avanzado en esta línea de la pesquisa. De hecho, la Cámara Federal porteña le ordenó al magistrado meses atrás que profundizara sobre las responsabilidades políticas de este caso y le sugirió indagar a varios funcionarios kirchneristas que estaban en el área de salud en ese momento, pero Oyarbide todavía no dispuso ninguna. Sólo anunció que iba a citar a indagatoria a Capaccioli, para lo que todavía no hay fecha fijada.

En su resolución, la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun, consideró probada la participación de Brito en la asociación ilícita investigada y aseguró que existen «indicios serios» de que «conocía las irregularidades que ostentaban los expedientes presentados a la APE», el área del Ministerio de Salud que aprobaba el financiamiento de tratamientos complejos en las obras sociales sindicales y que la OSBA y San Javier habrían utilizado para traficar medicamentos «truchos».

También le imputó al empresario «participar en encubrimiento de lavado de dinero», y aludió a «diversos cheques emitidos por Global Pharmacy» a favor de Néstor Lorenzo, «algunos de los cuales se aplicaron a la campaña presidencial del año 2007, si bien Brito dijo que no conocía su destino.