Fallo de Corte, desaprovechado: igual habrá fuertes aumentos

Subas se verán en muchos hogares aun con la decisión de la Corte Suprema. Chocará con el tope oficial del 400%. Si no se corrige, se repetirá la judicialización.

El dictamen de la Corte que acaba de limitar los aumentos en las tarifas del gas natural tiene muchas dimensiones importantes cubiertas en el fallo. Desde el punto de vista de las consecuencias sobre la política tarifaria, el aspecto más importante del dictamen es el referido a la determinación del precio del gas incluido en las tarifas finales. La importancia del mismo se deriva del diagnóstico hecho en esta columna bastante tiempo atrás, no bien se anunciaron los aumentos en abril pasado, de que no había una buena justificación económica, basada en los criterios que un regulador razonable debía seguir para adoptar semejantes valores en el precio del gas y trasladar costos demasiado elevados, de una sola vez, a los consumidores residenciales. La Corte realizó un análisis de "ley y economía" a mi juicio impecable en la consideración que la llevó a reclamar audiencias para el precio del gas, usando no solo las referencias adecuadas a los decretos del año 2004 sino haciendo una impecable distinción económica entre un precio administrado por el Estado y otro que no lo es.

El que diga que los fallos de la Corte son siempre "políticos" no entiende ni sabe lo que dice. Más bien, la Corte dio clase de economía de la regulación en este pasaje del fallo. Distinguiendo entre lo que es un precio de mercado de otro fijado por el Ejecutivo, terminó desnudando el hecho (inevitable, en una transición como esta) de que el modelo de determinación de precios del gas en la Argentina hoy es tan intervencionista como en el régimen económico anterior. Yo agregaría que es tan parecido que hasta se copiaron de los mismos valores (7,5 por millón de BTU) que se fijaron al final del populismo energético anterior para dar incentivos a la oferta. Claro, un detalle no menor, esos precios venían de un mundo con precios de la energía muy elevados y, a los valores actuales de importación, no resulta obvio que uno los haya tenido que copiar acríticamente, sin más. Pero en su análisis de la cuestión del precio del gas la Corte fue más allá. Indicó que, dada la naturaleza administrativa e intervencionista de la determinación del precio del gas, "es razonable", dice textualmente la Corte, que hasta que se vuelva al esquema de libre interacción entre oferta y demanda, "su análisis se efectúe conjuntamente con la revisión de tarifas", para lo cual es "necesaria la celebración de una audiencia pública".

Hay que subrayar el término "conjuntamente" que usa la Corte, porque ahí hay una gran dosis de sabiduría de la Corte que podría contribuir a corregir el error inicial del Gobierno. Este se basa en el hecho de que al ser contemporánea a la revisión tarifaria integral, existe la posibilidad de que el Gobierno reacomode ahí mismo su política de determinación de precios del gas reduciendo su valor a magnitudes más cercanas a los precios promedio de importación y asiente las bases para que se invoque el uso de mecanismos de mercado. Esto hasta puede ser compatible perfectamente con la existencia de un precio máximo latente o inactivo.

Como se deduce de lo apuntado arriba existen dos lecturas muy diferentes de la decisión de la Corte según se miren sólo los aspectos de procedimientos (audiencias) o se haga una revisión crítica de la política adoptada en marzo. La lectura que le ha dado el Gobierno se reduce a la formalidad de cumplir con las audiencias sin hacer grandes modificaciones en su política tarifaria. Para el Gobierno las tarifas tienen que subir o subir, y dado que eso es completamente cierto (nadie lo disputa), lo único que queda por hacer es cumplir con los requisitos legales que se derivan del escrito de la Corte. Esto es lamentable. Porque si el Gobierno insiste en negar que los precios del gas en las tarifas puedan ser cuestionados en términos regulatorios y económicos -como lo eran aun en los años 90, cuando se realizaban audiencias para trasladarlos a las tarifas reguladas como las de los residenciales- entonces la base de legitimidad de su política va a ser endeble más allá de que haga una audiencia.

Confusión

A ver si se entiende. El Gobierno no quiere aprovechar el increíble favor metodológico que le hizo la Corte para corregir este problema del precio del gas, al indicarle en su escrito que integre "el análisis" de los precios del gas a los de las tarifas. No quiere hacerlo porque confunde integrar el análisis con "adoptar la misma metodología", cuando no se trata para nada de eso sino de lograr un equilibrio general en la cadena de valor camino a la determinación de las tarifas finales a los usuarios.

Mientras el Gobierno juega al by pass por la vía de una audiencia informativa, los usuarios residenciales van camino a quedar atrapados en el peor de los "confusionismos tarifarios". Esto es así porque, como se dijo en esta y otra columnas, subsisten -aún a pesar de que se reviertan los aumentos- errores de diseño tarifario heredados en lo que una vez llamamos la "galleta tarifaria" de 2014, según la cual las tarifas dependen de la variación del consumo respecto del año anterior. Como este invierno fue más duro se perdieron los descuentos que formaron parte de los precios y tarifas de 2015 y que son la base de los reclamos de los aumentos y que llevaron al tope del 400%. Lo que la gente no sabe es que a muchos hogares les van a venir aumentos significativos aún con la decisión de la Corte y van a chocar contra igual con el 400%. Si esto no es correctamente anticipado y evaluada su magnitud vamos a volver a la bronca y de aquí a la judicialización. Es importante que el Gobierno se dé cuenta de que todavía tiene la opción de cambiar su política energética.