2 de noviembre 2010 - 00:00

Ferreyra: testigos apuntan al “barra”

José Pedraza
José Pedraza
La investigación por el asesinato de Mariano Ferreyra tuvo una jornada decisiva en la que los testimonios apuntaron al primer detenido en la causa, Cristian Daniel «Harry» Favale, como autor del disparo que mató al militante del ParObrero (PO) el 20 de octubre. Además, el último apresado, Gabriel «Payaso» Sánchez, señalado por el propio Favale como posible tirador, se declaró inocente en su primera indagatoria luego de haber sido detenido el sábado. Hasta ayer había seis encarcelados, y en la Unión Ferroviaria le dijeron a este diario tener datos de otros dos pedidos de captura por parte de la jueza Susana Wilma López, a cargo del expediente.

La declaración de un testigo de identidad reservada apuntó contra Favale, barra brava de Defensa y Justicia y hasta antes del crimen candidato a entrar al ex ferrocarril Roca con el auspicio de dirigentes del sindicato. El hombre se presentó ante la jueza López y aseguró haber estado a unos 15 metros de los incidentes en Barracas entre un grupo de choque de la Unión Ferroviaria y el grupo de trabajadores tercerizados y militantes. Y reveló que el autor del disparo que mató a Ferreyra «era gordito y con una barba candado», una descripción que se ajusta a la de Favale el día del homicidio, según fuentes judiciales.

El relato del testigo no identificado, un empleado ferroviario tercerizado, es además coincidente con el de otro de los detenidos, Juan Carlos Pérez, portero de los talleres de Remedios de Escalada, quien apuntó contra «Harry» por supuestas versiones de los otros integrantes del grupo de atacantes. «Yo lo puse, le di», relató Pérez que le dijeron sus colegas respecto de Favale.

En tanto, ayer declaró por primera vez el «Payaso» Sánchez. Negó haber sido el responsable de abrir fuego sobre Ferreyra y dijo que ni siquiera conoce a Favale, quien previamente lo había incriminado. Sánchez, guarda de la estación ferroviaria de Constitución y que en las filmaciones de los incidentes fue individualizado fácilmente por contar con un tatuaje de un payaso en el antebrazo derecho, debió admitir su participación en el grupo de choque una vez que le mostraron los videos con los que cuenta el juzgado.

Sánchez quedó detenido al igual que los otros cinco apresados en la investigación, cuya situación procesal deberá ser resuelta en los próximas días por la jueza, que hasta anoche mantuvo vigente el secreto de sumario. Se prevé que la magistrada, por sugerencia de la fiscal Cristina Caamaño, terminará por caratular la causa como un presunto «doble homicidio agravado» (por la existencia de una promesa económica a cambio del crimen y por la participación de dos o más personas) a cargo de una presunta asociación ilícita compuesta por dirigentes de la UF y barras bravas supuestamente reclutados por el sindicato.

Los otros detenidos son Jorge González, delegado del gremio; Francisco Salvador Pipito (trabajador ferroviario al igual que Pérez) y el delegado del Roca Pablo Díaz, un hombre de confianza del secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza.

En tanto, la fiscal Caamaño le tomó declaración a un militante de la agrupación Convergencia de Izquierda, Víctor Amarilla, quien involucró a la Policía Federal al señalar que el personal, que debía separar a los tercerizados de los ferroviarios, se retiró del lugar durante los incidentes y luego cubrió a los identificados con el sindicato.

La abogada del PO Claudia Ferrero, que la semana pasada se constituyó como querellante en el expediente, dijo ayer que Pedraza fue el «instigador» del crimen de Ferreyra y que la jueza López «está en condiciones» de conocer al autor material del asesinato. También pidió establecer las responsabilidades de los policías que intervinieron en los incidentes y el rol de la Secretaría de Transporte. Sobre este punto, Pedraza le había informado al secretario Juan Pablo Schiavi un día antes que se produciría un corte de vías por parte de los tercerizados. La abogada, además, le dijo a este diario que pedirá medidas para conocer el grado de responsabilidad de los directivos de la Ugofe (concesionaria del Roca) por presuntamente liberar de tareas a los empleados que terminaron por participar de las agresiones.

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