Fin para facultades delegadas: Congreso avanza con retenciones

• La oposición acordó proyectos para modificar aranceles a exportaciones del agro y regula poderes al Ejecutivo

La Comisión de Agricultura dictaminó ayer sobre un nuevo régimen de reducción de retenciones. Fue el primer uso que hizo el Congreso de las facultades delegadas que ya recuperó.

La oposición acordó anoche un paquete de proyectos que, una vez aprobado, reemplazará el uso actual de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo. El acuerdo logrado a último momento incluye una declaración del Congreso en la que reasume todos los poderes que hasta hoy a las 0 hora tenía el Ejecutivo, un proyecto para reglamentar el uso de la delegación de facultades en el futuro, ajustando las que se conceda al Gobierno una vez acordado un listado que hoy no existe ya que no hubo negociación alguna con el kirchnerismo, otro en el que se aprueba lo actuado por la Comisión Bicameral Especial que analizó toda la recopilación de leyes que delegaron poderes al Ejecutivo y finalmente se avanzó en un nuevo régimen de retenciones, haciendo uso desde ayer mismo de la facultad para fijarlas que retomó el Congreso.

Mientras tanto, el Gobierno se mantuvo en silencio, sin mostrar una estrategia para gestionar a partir de ahora en temas que van desde el procedimiento tributario hasta la Ley de Entidades Financieras o la de Abastecimiento. En todos los casos antes de avanzar Cristina de Kirchner deberá pedir por ley la autorización del Congreso, aunque persiste el fantasma de que el Gobierno pretenda avanzar mediante el uso de decretos de necesidad y urgencia, lo que podría generar un caos judicial.

Mientras tanto, como lo definieron todos los bloques de la oposición, nada cambiará y continuarán en vigencia todas las medidas que tomó el Gobierno en uso de las facultades delegadas, pero ante el primer cambio que quiera hacer la Casa Rosada el Congreso deberá intervenir.

Sin dudas, el primer problema que deberán enfrentar los Kirchner es el acuerdo logrado ayer en la Comisión de Agricultura, que preside el radical Ricardo Buryaile, para modificar el régimen de retenciones. Será el primer cambio concreto en el uso de las facultades delegadas. En ese proyecto se elimina la totalidad de las retenciones a las exportaciones de trigo y de cualquier otro producto, a excepción del maíz, la soja y la carne, para los que se fijan escalas especiales.

El maíz quedará exento de retenciones en 2013, con una escala previa del 5% el año próximo. Las exportaciones de carne pagarán el mismo esquema hasta su eliminación y se avanza con una reducción en las que gravan la soja que termina con un 10% en 2015.

Pero se introdujo una modificación en el régimen que impactará tanto como ésas en la recaudación: si el proyecto se convierte en ley, los productores que paguen Impuesto a las Ganancias podrán computar como pago a cuenta lo ingresado por retenciones a sus exportaciones.

El cálculo, además, tiene una variante: además de establecer que las alícuotas de aplicarán sobre el precio FOB de las mercaderías, se habilita a que computen a cuenta de Ganancias «el porcentaje sobre los importes brutos de venta de su producción de soja acumulado durante el ejercicio fiscal».

Ese diferencial fue justificado en la comisión como una necesidad de terminar con la «doble imposición» que sufre el campo al pagar el Impuesto a las Ganancias y las retenciones al mismo tiempo.

Esa posibilidad de tomarlo contra Ganancias se hará con la siguiente escala: para montos hasta $ 4.100.000, el 6%, y por encima de ese límite, el 4%. La comisión avanzó al mismo tiempo que los radicales Oscar Aguad, Rubén Lanceta, Ricardo Gil Lavedra, Silvana Giudici y Juan Pedro Tunessi, junto a Graciela Camaño del Peronismo Federal, la socialista Mónica Fein, los macristas Federico Pinedo y Paula Bertol, Gerardo Milman del GEN y Gustavo Ferrari del Peronismo Federal, llegaron a un acuerdo para definir el fin las facultades delegadas mediante una resolución y la reasunción del Congreso de esos poderes. Sólo Elisa Carrió se mantuvo con su propuesta individual que la Coalición Cívica presentó el lunes pasado.

«Declárase operada la caducidad de la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública, emitida con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, cuyo objeto no se hubiere agotado por su cumplimiento», dice el primer artículo de ese proyecto que va acompañado de otro donde se reglamenta el uso de las facultades delegadas de ahora en más.

Para que no queden dudas en cuanto al momento en que el Congreso puede comenzar a utilizarlas, sin esperar a que el Poder Ejecutivo envíe un proyecto en cada caso para tomar medidas, se estableció también que «el Congreso de la Nación reasume en plenitud las potestades legislativas que confirió a través de aquellas normas».

La oposición acordó también ratificar el informe de la Bicameral Especial que analizó todo el listado de 1900 leyes que delegaban facultades al Ejecutivo, disponiendo cuáles serán eliminadas por haber caído en desuso o porque su objeto fue cumplido, y cuáles se analizarán de ahora en más por otra comisión a la luz de lo que obliga el artículo 76 de la Constitución nacional cuando establece que toda delegación debe hacerse sobre bases claras y por tiempo determinado.