Fin para la novela de Moyano en trama Suiza

Hugo Moyano

Tras dos años y medio, la Justicia argentina clausuró un expediente abierto a pedido de Suiza para investigar supuestos nexos de Hugo Moyano y del dueño de una empresa de recolección de residuos con maniobras de lavado de dinero. El juez federal Norberto Oyarbide cerró el sumario en consonancia con la decisión que había adoptado en enero la Fiscalía general helvética de archivar las actuaciones de origen.

La investigación en Suiza había arrancado con el bloqueo, en enero de 2011, de una cuenta de Ricardo Depresbíteris, dueño de la firma de recolección Covelia, y su mujer, Marcela Elvira Mete, por 1.870.000 dólares, y la iniciativa de los fiscales de ese país de analizar eventuales actividades de lavado del empresario y de Moyano a partir de artículos periodísticos argentinos. Oyarbide recibió de esos funcionarios un exhorto en el que se le pedía ampliar la información, y la apertura del expediente causó una crisis política local.

Anoticiado del avance de una causa en su contra, Moyano lanzó un paro nacional que levantó a último momento, cuando el Gobierno le hizo saber que le daría al asunto un trámite diplomático regular. En esa época el camionero y Cristina de Kirchner mantenían una alianza estratégica.

Tras idas y vueltas -los exhortos deben ser gestionados entre las cancillerías y las embajadas, y recién después llegar a los estrados judiciales- Oyarbide inició formalmente las actividades que le habían pedido los fiscales suizos: recabar, en todos los juzgados penales, información sobre eventuales causas abiertas en contra de Depresbíteris, Moyano o miembros del entorno del sindicalista, que pudiesen estar relacionadas con lavado.

A principios de año el Ministerio Público Fiscal de Suiza informó que había resuelto archivar sus actuaciones, sobre la base de documentación que había presentado el empresario de la recolección a través de sus abogados. Recién en agosto, tras un nuevo circuito diplomático, esa comunicación llegó a Oyarbide, que mandó en consecuencia su propia causa al archivo. La decisión no fue apelada por el fiscal Jorge Di Lello. Gabriel Len, abogado de Depresbíteris, le confirmó a este diario la decisión de Oyarbide.