Fiscal gana batalla a Piumato

La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires rechazó una acción de amparo que había sido impulsada por el titular de la Unión de Empleados Judiciales, Julio Piumato, contra el Programa de Incentivo al Personal que había establecido el fiscal general porteño Germán Garavano.

El sindicalista objetó la decisión del procurador de implementar un sistema de premios a los integrantes del Ministerio Público Fiscal porteño, que se basa en otorgar incentivos salariales en función del presentismo y capacitación laboral de los funcionarios, entre otros requisitos. Piumato inició un amparo contra esta medida, argumentando que esta decisión no era competencia del fiscal, así como vulneraba supuestamente el principio de igualdad, imponía una doble sanción por las inasistencias injustificadas, implicaba «en la práctica la reducción del diez por ciento del salario» y vulneraba el régimen de licencias.

Si bien en un principio la jueza porteña de primera instancia Elena Liberatori hizo lugar al amparo y dictó una medida cautelar contra este programa, el caso se revirtió cuando llegó al tribunal de alzada.

Argumento

Semanas atrás, la fiscal de Cámara porteña Daniela Ugolini sostuvo que Garavano había actuado dentro de su competencia, según la Ley 1.903 de la Ciudad, que establece que el gobierno y la administración del Ministerio Público estarán a cargo de sus titulares y de los magistrados que se determinan en la ley. La fiscal argumentó además que «condicionar el adicional salarial en función de ciertos requisitos no resulta irrazonable, teniendo en cuenta que su finalidad es generar un estímulo para su percepción, y que las condiciones establecidas, en abstracto, resultan razonables y no lesionan derechos constitucionales». También destacó que el principio de igualdad no se había violado, ya que la norma es aplicable a todo el personal.

La Sala I de la Cámara estuvo de acuerdo con los argumentos de Ugolini y resaltó que «el adicional fue reglamentado como un reconocimiento económico a la tarea cumplida diariamente en las condiciones debidas de tiempo y lugar y, al mismo tiempo, como un incentivo a la responsabilidad, dedicación y eficiencia en el desempeño de la función».

El programa de Garavano podrá ser entonces implementado, si es que el caso no es apelado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Una decisión que puede interpretarse como un triunfo para la fiscalía en los enfrentamientos internos de la Justicia porteña, y especialmente contra el sindicalista representante del moyanismo en el mundo judicial.