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FMI clásico para Chipre: bajar sueldos y despidos
Nikos Anastasiades
La propuesta del Fondo contempla el despido de 2.000 empleados del Ministerio de Educación y el recorte de los sueldos públicos en un 5%, según consignó El País de España.
Luego de que el presidente Anastasiadis negara que con el FMI y el BCE se estuvieran analizando recortes de sueldos y despidos en el sector público, su ministro de Finanzas, Mijalis Sarris, matizó ayer el mensaje para sugerir que sí habrá rabajas salariales. La propuesta del FMI, que los medios chipriotas denominan "segundo memorando" y que pretende impedir que se repita el caso griego, contempla el despido de 2.000 empleados del Ministerio de Educación y el recorte de los sueldos públicos en un 5%.
El diario Fileléfzeros publicó ayer un borrador del memorando, por el que se pretende que Chipre alcance un superávit del 1,2% en 2016, algo que, según su portavoz, el Gobierno chipriota considera imposible, consigna el diario español. Éste es uno de los puntos que más fricción provocan, ya que la troika aceptaría la posibilidad de un superávit presupuestario en 2017, pero el Gobierno no lo ve factible hasta 2018.
Los otros puntos son conocidos, ya que fueron condiciones previas al rescate de la troika, como el aumento del IVA en un punto este año (del 17% al 18%), y otro suplementario en 2014 (19%). Además, el Gobierno deberá privatizar una serie de empresas, entre ellas las de electricidad, teléfonos o puertos. Parte de estas medidas fueron aprobadas por el Parlamento hace tres meses.
Pero pese a las imposiciones de la troika y las advertencias de Sarris, el presidente Anastasiadis volvió a insistir en el objetivo del desarrollo. "La batería de medidas está enfocada hacia el crecimiento y por el crecimiento", declaró tras asistir ayer en Nicosia a un oficio religioso con motivo de la fiesta nacional, que conmemora el inicio de la lucha armada contra el poder colonial británico, en 1955. El programa del Gobierno tiene dos pilares fundamentales: atraer inversión extranjera con incentivos fiscales a las empresas que reinviertan sus beneficios, y una reforma legislativa para permitir el juego. Pero ambos propósitos afrontan sendos inconvenientes: el primero, la suba del impuesto hasta ahora del 10% y que tras el rescate pasará al 12,5%; el segundo, la empecinada oposición de la Iglesia, contraria a una actividad que es legal en el norte de la isla, bajo ocupación turca desde 1974.

